El abogado que recomendó a un juez pedirse un traslado

Estos correos electrónicos fueron hechos públicos por la propia De Lara el pasado diciembre, después de que Conde-Pumpido cuestionara su competencia para investigar a Besteiro , al que le imputa cuatro presuntos delitos de corrupción urbanística durante su etapa como concejal en Lugo. Según la magistrada, el socialista habría comprado un piso rebajado de precio y se le habrían hecho reformas gratuitas a cambio de su voto favorable para aprobar un plan de ordenación municipal que ampliaba la edificabilidad en la zona del Garañón.

El abogado recomendó precisamente a la juez que no desviara su atención hacia miembros del PSOE «por un supuesto piso regalado y unas obras no satisfechas que parece que en realidad no son tal», precisamente lo que De Lara acabaría por atribuir a Besteiro. En el momento del correo electrónico, el líder del PSdeG no estaba imputado -esto se produjo en junio de 2015-, ni el abogado personado en la causa.

Conde-Pumpido hace veladas referencias a supuestos frentes internos en el Poder Judicial contra la juez. Uno de esos grupos de presión «habría realizado movimientos en el Consejo y estaría preparando una querella» contra ella. Asimismo, le advierte de que «empieza a sonar un runrún en el TS de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política».

«Mi consejo -continúa- es que intente apartarse y vaya con pies de plomo, pues cualquier traspiés será utilizado para ridiculizarla (...) y si puede cambiar de destino, hágalo». A continuación, Conde-Pumpido se ofrece por si «necesita de apoyo en el Consejo para optar a alguna plaza o para facilitar su traslado». «Hágamelo saber y haré todo lo que esté en mi mano», porque además «no creo que sea difícil de conseguir». La actual mujer de su padre, la también juez Clara Martínez Careaga, es vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia elevó los correos al Poder Judicial, que, sorprendentemente, se limitó a «tomar conocimiento» de los mismos, evitando remitirlos al Colegio de Abogados por si supusieran una presunta coacción a la juez. La decisión causó un profundo estupor tanto en el TS como en el Consejo, donde varios miembros estudian elevar la cuestión al pleno de fin de mes.