El abogado de Matas afirma que se pagarán los tres millones de fianza

Desde que se conoció la decisión del magistrado, Matas «está volcado» en este asunto, según fuentes de su entorno. La magnitud de la fianza hace que no sea sencillo conseguir ese dinero, si bien habitualmente se permite al acusado presentar avales bancarios sobre propiedades para poder hacerla frente. El famoso «palacete» del ex líder popular y el resto de inmuebles de la familia previsiblemente le servirán, por tanto, para no ingresar en prisión.

Por su parte, el abogado Rafael Perera anunció que presentará un recurso contra el auto del instructor, en el que se vierten duras acusaciones contra el ex líder popular, lo que ha provocado no pocas críticas contra el magistrado al considerarse que ha cometido algunos excesos.

En este sentido, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, afirmó ayer a Ep que el auto incluye expresiones «innecesarias». «Sin dejar de reconocer que está profundamente motivado -aseguró- incluye expresiones o consideraciones que son absolutamente innecesarias al efecto jurídico motivador, y que además pueden ser interpretadas como manifestaciones de predisposición o prejuicios». En este sentido, aseguró que se deslizan «muchísimas opiniones o consideraciones que nada añaden, y en nada ayudan a la fundamentación que, en definitiva, sostiene la decisión de prisión provisional».

Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo a Efe que el Consejo no valorará las expresiones salvo que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad acuerde remitirle la resolución. «Se trata de una cuestión jurisdiccional que esta institución no debe entrar a valorar si no se dan los requisitos establecidos en la ley». El artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera falta grave -sancionable con una multa de entre 300 y 3.000 euros- «la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico». Pero añade que para actuar debe Haber una comunicación del tribunal superior.

El auto del juez se centra muy especialmente en el desarrollo del proyecto de construcción del Palma Arena, que fue inaugurado a principios de 2007 tras varios avatares, que incluyeron el inesperado cambio de arquitectos, doblar el presupuesto originario de este equipamiento deportivo -que pasó de 46,4 millones de euros a unos 110- o la convocatoria de reuniones para aprobar diferentes contratos y adjudicaciones a las que en la mayor parte de los casos no acudió nadie, ni siquiera los propios convocantes, lo que no supuso ningún obstáculo, según el juez, para que dichos contratos se aprobasen igualmente y además por «unanimidad». Quince de esas actas falsas fueron firmadas por Matas.

El entonces presidente del Ejecutivo autonómico encargó en 2004 a quien en aquel momento era el director general de Deportes, José Luis «Pepote» Ballester, que intentase conseguir que la Unión Ciclista Internacional (UCI) designase a Palma de Mallorca como la sede del siguiente Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista, que tenía que celebrarse en marzo de 2007.

La adjudicación fue lograda el 27 de septiembre de 2004, y entonces se puso en marcha el proyecto, sin que conste que hubiera estudios previos sobre «la viabilidad económica» del mismo.