El 87% de los jueces cree que los gobiernos muestran más interés en controlarles que en ayudarles

Así, el 99 por ciento de los entrevistados afirma «sentirse totalmente independiente » a la hora de emitir sus fallos. Además, el 94 valora que, en su conjunto, los jueces y magistrados comparten esa libertad .

Solo una minoría –uno de cada diez– reporta haber recibido presiones por parte del Gobierno central, autonómico o el propio CGPJ; porcentaje similar –un doce por ciento– lo afirma de los partidos políticos y grupos de presión económicos o sociales.

En cambio, el 28 por ciento afirma haber recibido sugerencias o presiones por parte de los medios de comunicación, de los que una mayoría –el 84 por ciento– considera que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial .

Por otra parte, la mayoría de los jueces y magistrados indican que, cada vez con mayor frecuencia, l os políticos eluden su responsabilidad optando por judicializar la política , recurriendo a su decisión para evitar el esfuerzo de alcanzar acuerdos en cuestiones especialmente complejas. Un 88 por ciento afirma compartir esta visión.

En la otra cara de la moneda, el 86 por ciento niega que se esté intentando intervenir en los asuntos políticos mediante el ejercicio de su labor jurisdiccional . Una idea con especial prevalencia entre los más jóvenes, compartida por el 95 por ciento de los miembros con menos de cinco años de ejercicio.

Preguntados sobre las posibles reformas de la legislación, la opinión es clara: un 90 por ciento desea que se elijan doce de los vocales del CGPJ mediante elección directa de los integrantes de la judicatura , tal y como preveía inicialmente el artículo 122 de la Constitución.

Otras posibles modificaciones legales no muestran una unanimidad tan abrumadora. El 68 por ciento se muestra favorable a redefinir en un sentido más restrictivo el ejercicio de la acción popular –ejercer la acusación en un proceso penal, sin estar directamente involucrado con el delito–, para evitar que entorpezca la actividad judicial. También un 57 por ciento cree que se debería limitar esa participación a los partidos políticos.

Donde no hay un acuerdo claro es sobre quién debería llevar la instrucción de las investigaciones de los delitos. Un 41 por ciento cree que debe recaer en el Ministerio Fiscal, con auxilio del Tribunal de Garantías; mientras que un 55 por ciento se niega.

En lo que sí se muestran de acuerdo –90 por ciento– es en la necesidad, con la mayor urgencia, de un nuevo « pacto de Estado » que haga posible la remodelación «a fondo e inmediata» del Poder Judicial.

También se les ha preguntado por la valoración global que hacen del actual CGPJ, que se queda a una décima de «aprobar»: un 4,9 sobre diez . La valoración no es homogénea dependiendo de la antigüedad la profesión: aprobado por parte de los que llevan menos de diez años y suspenso en los más veteranos.

Las entrevistas fueron realizadas entre los pasados 8 y 22 de septiembre, días antes de conocerse la propuesta de reforma presentada por los grupos paralamentarios socialistas y de Podemos. Aún así, la encuesta refleja el hastío de los jueces y magistrados provocado por la falta de entendimiento entre el estamento político y sus intentos de control.