Ábalos quiere invalidar las pruebas para ganar tiempo

Sorprendió incluso a su abogado, que según las citadas fuentes, parecía molesto y desubicado al ver cómo el político afirmó nada más sentarse ante el magistrado instructor Leopoldo Puente que no estaba en disposición de declarar por estar «viviendo una situación muy tensa desde el punto de vista personal al tener la casa vandalizada», así como que «necesitaría unos días» para establecer un «relato coherente», puesto que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se había llevado los dispositivos de su domicilio con toda la causa en su interior, para acto seguido abrirse a que el juez le hiciera alguna pregunta. Se prestó a contestar al magistrado y al fiscal, pero no a su propia defensa, para sorpresa de todos.

El político se jugaba entrar en prisión preventiva en esta tercera comparecencia en el Alto Tribunal desde que estalló el caso Koldo. Y es en ese marco de «miedo» ante la posibilidad de perder su libertad en la que fuentes de las acusaciones encuadraron su «desastrosa» comparecencia.

El Partido Popular, que aglutina y representa a las acusaciones de la causa en la que tanto Ábalos como su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, y el recién dimitido secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, están investigados por cobrar presuntamente mordidas a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública al menos a Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), solicitó que el diputado del Grupo Mixto del Congreso entrara en la cárcel sin fianza.

La Fiscalía Anticorrupción finalmente no solicitó prisión en la vistilla posterior a su declaración y el juez decidió mantener únicamente las medidas cautelares con las que ya cuenta (pasaporte retirado, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en un juzgado). Tampoco tuvo que depositar ninguna cantidad para continuar en libertad. El desenlace fue mejor de lo que él mismo esperaba, consideraron las fuentes consultadas por ABC, pero su declaración no le sirvió para alejarse de las sospechas de irregularidades.

Durante la hora y media que duró su declaración quedó claro que su estrategia consistirá, al menos de momento, en tratar de invalidar las ocho grabaciones requisadas a Koldo García en las que aparecen conversaciones con él y con el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán (que tiene intención de declarar ante el juez el 30 de junio, según avanzó su defensa). En una de ellas, se les escucha acordando el reparto, supuestamente, de comisiones ilegales de hasta 620.000 euros por cinco licitaciones en Murcia, Barcelona, Sevilla y La Rioja.

Ábalos sostuvo que no se identifica en esos audios, así como que sólo ha podido hacer una «lectura rápida» del extenso informe de la Guardia Civil que los recoge. «No me reconozco. Nunca he percibido estar siendo grabado», intentó despejar, así como puso en duda la validez de las fuentes de indicios que supondrían una de las pruebas en un futuro juicio. A pesar de describir alguna de dichas conversaciones como «familiar», deslizó que éstas han podido ser «manipuladas» y se quejó de que una de ellas, «sobre señoritas», -en la que se le oía escogiendo prostitutas junto a Koldo García- ha dañado mucho su imagen pública.

Después del exministro estaba citado también el antiguo asesor ministerial, que sí se acogió a su derecho a no declarar después de que su abogada tratase de aplazar la comparecencia alegando que aún no ha tenido acceso a toda la causa y no puede defenderse.

Ábalos sí permitió que el magistrado le preguntara por las licitaciones bajo sospecha y la posible intervención de Santos Cerdán en los amaños. En este punto, y preguntado sobre por qué dijo a Koldo García que «hablase» con el secretario de Organización del PSOE sobre una de ellas, afirmó no recordar si intervino en dicha conversación, pero aseguró que en todo caso Cerdán no tenía «capacidad para influir en nada», en referencia a su ministerio. Afirmó que si Koldo García y Santos Cerdán hablaron fue porque eran viejos amigos por su conexión navarra.

Admitió conocer a Antxon Alonso, propietario de Servinabar, la compañía que también se habría llevado adjudicaciones en la comunidad foral a través de una UTE con Acciona gracias supuestamente a la trama y de la que Cerdán habría sido propietario al 45% en 2016, según un contrato privado requisado. Sobre este asunto, Ábalos reconoció que dicha compañía hizo una donación de 4.500 euros a su ONG de cooperación internacional Fiadelso, pero dijo que fue porque «estaba en liquidación» y pidió a Koldo si «conocía una empresa que pudiera contribuir y no tuviera nada que ver con el ministerio».