¿Vuelve la guerra del agua?

El más beligerante con el tema ha sido el nuevo gobierno socialista de Castilla-La Mancha, especialmente crítico a raíz de la última transferencia de agua que fue aprobada por el Ministerio de Agricultura a finales de julio, y dio paso a un trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía al acueducto Tajo-Segura.

Desde el ejecutivo castellano-manchego, que dirige Emiliano García-Page, no han tardado en reaccionar: primero, recurrieron ese trasvase ; y esta misma semana r eclamaban públicamente tres millones de euros de deuda por trasvases, acumulada desde el año 2009 al 2013. «Se están llevando el agua y ni siquiera se está pagando», protestaba la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, dispuesta a luchar «con uñas y dientes» en esta cuestión.

A su juicio, la normativa aprobada en los últimos años -en que coincidieron en el signo político los gobiernos central y los regionales de Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia- les perjudica claramente. Se refiere tanto al memorándum del Tajo, como a los planes hidrológicos y la disposición adicional de la Ley de Montes que abre la puerta a trasvasar incluso por debajo de los 400 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo. Todas estas normas, aseguran los actuales gobernantes castellano-manchegos, «han servido para que se abra el grifo al otro lado del trasvase y se produzca una barra libre de agua que no tiene en cuenta el desarrollo legítimo de la cabecera». En esta región se acaba de crear una Plataforma de afectados por el trasvase Tajo-Segura .

En Valencia, donde el gobierno regional también es ahora del PSOE, pero cuya posición sobre el agua es radicalmente diferente -dado que son comunidad receptora y muy necesitada de este elemento-, intentan quitar hierro al asunto y evitar reabrir este que consideran «debate estéril» y «sin ningún sentido». Así lo aclaró la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural valenciana, Elena Cebrián , muy centrada en despolitizar el debate del agua», por la cuenta que les tiene.

Por eso han rechazado la intención del PP valenciano de presentar una Proposición No de Ley en las Cortes Valenciana para que todos los grupos políticos defiendan el Memorándum del trasvase. Ese acuerdo se obtuvo con otros gobiernos en el poder, pero los socialistas no tienen una postura homogénea sobre el mismo, sino que ésta depende de los territorios. Así, mientras en Castilla-La Mancha se está en contra, en Valencia lo consideran como un instrumento jurídico que «organiza y regula» el trasvase, y que es fruto del acuerdo entre comunidades afectadas y el Ministerio.

También desde el PSOE valenciano, el diputado en el Congreso Herick Campos pedía al PP que, en lugar de esa proposición no de ley sobre el memorándum del trasvase, defienda ante Rajoy que la cantidad de agua trasvasada a Valencia no sea de 20 hectómetros cúbicos al mes, sino de 23, como era antes, una variación que le supone a los valencianos perder 160 hectómetros cúbicos, «con el agravante de que nos encontramos en plena sequía».

Con gran preocupación observan los últimos acontecimientos los gobernantes murcianos. En esta comunidad, donde gobierna el PP a través del presidente Pedro Antonio Sánchez, también quieren «despolitizar» el agua , tratando de «blindar» de este modo la llegada de un elemento del que depende la prosperidad de los cultivos y, en buena medida, de la economía murciana.

Desde este gobierno se pide que «el sentido común se aplique en la política del agua a nivel nacional» , se muestra preocupados por las reacciones del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, y se pide que se tomen las medidas necesarias para que los cambios políticos no afecten a la continuidad del trasvase Tajo-Segura, que para ellos «es intocable» , en palabras del responsable de Agua y Agricultura en el grupo parlamentario popular, Jesús Cano.