Andorra dará todos los datos bancarios de Jordi Pujol Ferrusola

El Tribunal de Corts de Andorra, el máximo órgano judicial del principado pirenaico, ha aceptado la comisión rogatoria que en julio de 2014 envió el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para obtener información bancaria , sin límite temporal, sobre Jordi Pujol Jr., su exesposa y varias de sus sociedades. Ambos fueron titulares de fondos en AndBanc, primero, y luego en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La juez andorrana Maria Àngels Moreno ya había acordado aprobar la comisión rogatoria, pero la defensa de Pujol y Gironès recurrió la decisión porque se oponían que se enviaran a la justicia española los datos anteriores al año 2004. Alegaban que, de haber cometido delitos con anterioridad a ese año, ya habrían prescrito. A raíz del recurso, sin embargo, el Tribunal de Corts ha debido pronunciarse y ha aceptado que se entreguen a la Audiencia Nacional todos los datos bancarios acumulados, sin límite temporal.

Con todo, el tribunal andorrano, al igual que hiciera la juez, advierte de que estos datos sólo pueden ser usados si se les acusa de un delito fiscal -o de blanqueo relacionado con el anterior, vinculado a otros delitos como corrupción, apropiación indebida o cohecho. Porque en Andorra el blanqueo o la evasión de capitales no están tipificados como delitos.

En 2014, el por entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz - sustituido este año por José de la Mata - imputó al primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y a su exesposa por delito fiscal y blanqueo en relación a movimientos sospechosos de divisas durante ocho años (2004-2012) en trece países por 32 millones de euros.

Además, Jordi Pujol Ferrusola -junto a tres hermanos suyos y a su padre y su madre-, también está imputado por fraude fiscal y blanqueo por un juzgado de Barcelona. Por el supuesto legado de su abuelo paterno que la familia ocultó en el extranjero durante más de 34 años.

En el caso de la Audiencia Nacional, el juez Ruz también imputó a varios empresarios que supuestamente habrían abonado a Jordi Pujol Ferrusola presuntas comisiones ilegales camufladas como pagos por trabajos de asesoría ficticios que habría realizado el hijo mayor del clan Pujol.

Por ahora, la investigación judicial no ha derivado en la imputación de más delitos, además del fiscal y el blanqueo.

No obstante, este mes ha trascendido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto que la constructora FCC pagó a Pujol Ferrusola 710.000 euros en supuestas comisiones por la adjudicación de obras públicas. Los pagos se habrían hecho entre 2006 y 2009.