La BPA contrató a Garzón para desbloquear las cuentas de un magnate chavista

El motivo de ese bloqueo de sus cuentas en BPA, ordenado el 30 de noviembre de 2012, era que la Fiscalía del Principado sospechaba que Salazar blanqueaba cantidades millonarias de dinero a través de ellas. En concreto, según las intervenciones telefónicas de diciembre de 2012 autorizadas por la Audiencia Nacional a la Guardia Civil en el marco de la operación Clotilde, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC , el magnate investigado habría movido «cientos de millones de euros» y además a la juez de Andorra que llevaba el caso le resultaba muy sospechoso «el parentesco de Diego con su primo», en referencia a Rafael Ramírez.

El nombre de Garzón sale a relucir en cuatro ocasiones. La primera el 13 de diciembre cuando Pablo Laplana, gestor de BPA a quien se investigó en el marco de la citada investigación de la Guardia Civil, le dice a Luis Mariano, encargado de las cuentas de Salazar en la entidad, que han «contratado a Garzón para que ataque», refiriéndose, claro está, a la decisión de las autoridades judiciales andorranas de bloquear las cuentas del magnate.

Al día siguiente, Laplana recibe la llamada de un hombre sin identificar y hablan sobre el recurso de Salazar dirigido al Tribunal Supremo de Andorra, y a la composición de ese tribunal para «utilizar influencias favorables a los intereses de Diego Salazar ». Después, se refieren al exmagistrado de la Audiencia Nacional, «con el que quieren hablar sobre este asunto», siempre según el informe de escuchas a cuyo contenido ha tenido acceso ABC.

La tercera alusión se produce dos días después en una conversación de Laplana con un hombre no identificado de acento suramericano. Los interlocutores hablan del recurso de Diego Salazar «que lleva el juez Garzón», sin que los informes precisen más datos sobre este asunto.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2012 se produce la cuarta conversación en la que el exmagistrado sale a relucir, y de nuevo son Laplana y Luis Mariano los que hablan. Esta vez el primero de ellos sigue comentando los detalles del caso judicial y la intención de BPA de que con sus recursos no solo se desbloqueen las cuentas, sino que todo el sumario, en cuyo marco tomó esa decisión la juez andorrana, fuese sobreseído. Eso, añade, daría lugar por parte de la entidad a la reclamación por daños y perjuicios, por una parte, y a emprender acciones penales por abuso de poder y prevaricación por otra. Añade que «Vilepand -según informaciones procedentes de Venezuela se trata de Dominique de Villepin, ex primer ministro francés y abogado del magnate venezolano- ha hecho un borrador que se lo ha mandado hoy a Garzón», se supone que para que lo estudiara e hiciera las aportaciones que considerar a oportunas.

Lo cierto es que el dictamen de Garzón y el resto de actuaciones de abogados que movilizó Diego Salazar dieron sus frutos hace diez meses, cuando el Tribunal del Corts del Principado, en contra del criterio de la Fiscalía, de la Unidad de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) y del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), autorizó a Salazar y al resto de jerarcas del régimen venezolano a disponer de los casi 200 millones de dólares bloqueados en sus cuentas.

Esta decisión judicial contrasta con los acontecimientos posteriores, en especial con las intervenciones de BPA en el Principado y de su filial Banco Madrid en España por ser consideradas por los investigadores como «estructuras al servicio del blanqueo de dinero». Como se sabe, existen potentes indicios de que la mafia china liderada por Gao Ping, el grupo de crimen organizado ruso de Viktor Kanaikin y Andrei Petrov y personajes relevantes del chavismo venezolano utilizaban las dos entidades para lavar enormes sumas de dinero. Pero aunque las cantidades en los dos primeros casos son importantes, sin duda la mayor partida era del último grupo, entre los que hay personajes a los que se relaciona con la corrupción política al más alto nivel en su país.