El caso BPA revela el nexo entre un policía chavista y la mafia rusa

Los ejecutivos que viajaron a Moscú eran Santiago Roselló, director financiero del banco andorrano, y Pablo Laplana, subdirector general del área internacional. Este último había sido detenido nueve meses antes por la Policía del Principado acusado de blanquear dinero de la droga. El dinero lavado pertenecía, entre otros, a Norman Danilo Puerta Valera, un excomisario venezolano, que había sido mano derecha del hermano de Hugo Chávez al frente del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, y que tenía cuenta en ese banco desde 2007. Al parecec los fondos blanqueados procedían de su etapa en activo.

Le imputaban que el dinero, más de un millón de euros, procedía del narcotráfico, motivo por el que la DEA estadounidense le seguía la pista. Laplana no entró en prisión y volvió a su puesto, combinando el trato con dudosos inversores venezolanos entre los que extendió su influencia –clientes de riesgo no catalogados como tales– con miembros del crimen organizado ruso, de la mano de Roselló.

El trato con los rusos era tan habitual e intenso que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió a Andorra que interviniera su teléfono así como el de otro directivo, Francisco Javier Campos. Según la comisión rogatoria enviada, Roselló supervisaba «personalmente» las cuentas bancarias del grupo criminal y su relación con Petrov era «muy estrecha» debido a «la actividad bancaria generada por la organización en la BPA ».

«Se ha convertido en asesor de la organización», señalaba la Guardia Civil, «cuya finalidad es blanquear los inmensos capitales procedentes en principio de Rusia a través de distintos paraísos fiscales de la forma más eficiente y discreta». El directivo conocía tanto la estructura jerarquizada del grupo criminal –viajó hasta cinco veces a Rusia, solo o con otros colegas del banco-, como la societaria y sus ilícitas actividades.

El exgeneral Kanaikin, como representante legal de la sociedad Development Diagnostic Company (DDC), administrada por Petrov, tenía en BPA en 2013 hasta 44,2 millones de euros entre saldo, acciones, fondos y otros depósitos, según recoge el informe enviado a la Audiencia Nacional por la Policía andorrana. El dinero llegaba mediante transferencias procedentes de un banco de Letonia (cuarenta millones en solo medio año) y paraísos fiscales como Chipre. La trama tenía colaboradores situados «estratégicamente» en países como Islas Seychelles, República Checa, Andorra, Chipre e Islas Vírgenes británicas, encargados del movimiento de capitales a través de empresas, sociedades o fundaciones en esos países.

Roselló asesoraba a Petrov y al resto de la trama criminal en todos los asuntos financieros importantes. Así, le puso en contacto con directivos de Banco Madrid como Rafael Valera (director general adjunto) o Ignacio Vyayna Cardona (director de Banco Madrid para la zona de Cataluña) con el fin de obtener un crédio. Para él, la organización era «un cliente privilegiado», hasta el punto de que pese a su relevante cargo estaba a disposición del grupo e incluso se desplazaba él a Cataluña cuando Andrei Petrov necesitaba reunirse y no podía «ir de excursión» a Andorra, como se referían a esos traslados en las escuchas telefónicas.

En el primer viaje, en el que fue acompañado por Laplana, el objetivo era conocer a los jefes rusos y hacer negocios. Los pasaportes y visados se los entregó en el aeropuerto de Barcelona un hombre de confianza de Petrov, quien les acompañó a su regreso tras participar en la cita. En la reunión el tema fue el posible préstamo que iban a solicitar a través de Banco Madrid o bien directamente a la BPA y que se podría avalar con acciones de la gasística Gazprom.

En febrero de 2012 Roselló vuelve a viajar a Rusia para reunirse con Kanaikin. El viaje de nuevo lo prepara Petrov y su gente, con quien habla frecuentemente durante todo el mes de enero. El directivo ofrece asesorar al exgeneral, gravemente enfermo, sobre cómo colocar sus fondos en una fundación «que es como un trust» –le dice– para decidir como repartir sus fondos en lugar de hacer un testamento.

Dos meses después, el consejo de administración de Banco Madrid concedió por unanimidad un préstamo a DDC, es decir a Petrov y Kanaikin, de un millón de euros para financiar la construcción de un centro comercial en Lloret, epicentro de la trama de corrupción que salpicó al Ayuntamiento y por ende a su antiguo alcalde Xavier Crespo. El Sepblac asegura en su informe de 2014 sobre Banco Madrid, filial de BPA, que «la entidad debería haberse abstenido de establecer relaciones de negocio» con DDC.

Roselló se implicó de tal modo que daba por firmada la operación de préstamo incluso antes de realizar la tasación de los inmuebles que se iban a utilizar como aval para el préstamo: «Mañana en principio pasan la operación, que lo sepas, mañana se autorizará(…) Las condiciones que hemos hecho son las mínimas que hace Banco Madrid (…)», le cuenta a Petrov.

A partir de octubre de 2012 aparece en la trama otro empleado del BPA: Francisco Javier Campos Tomás, director general adjunto de negocio internacional. Roselló iba a ceder el testigo a éste y a Laplana, pero sin desvincularse del todo. El siguiente paso era presentar a Kanaikin y al resto de miembros de la trama a Campos, para lo que estaban proyectando un nuevo viaje a Rusia en enero o febrero.

En una llamada de Roselló a Petrov presenta al siguiente directivo que iba a entrar en la trama como «un homónimo» suyo a nivel de negocios. La proyectada excursión de lujo con gastos pagados no llegó a hacerse porque la Guardia Civil detuvo antes a Petrov, acusado de blanquear más de 55 millones. Ha estado en prisión hasta enero de este año, cuando obtuvo la libertad bajo fianza de 80.000 euros.

Son tres de los directivos de BPA sobre los que la Anticorrupción dio información a Andorra, al igual que sobre Mauricio Escribano, también gestor de la entidad y la persona que ofrecía en una grabación blanquear cantidades millonarias a la mafia china de Gao Ping, a través del cuñado de éste. Escribano está en busca y captura. El último en caer ha sido Josep Miquel Pau, el consejero delegado. De nuevo los datos proporcionados por España han sido claves contra el crimen organizado.