Soledad Becerril denuncia el «claro malestar» con las tasas judiciales

Asimismo, el informe pone de manifiesto que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para evitar la tardanza en la tramitación de los procedimientos judiciales «no han sido suficientes» y que esta situación «repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y, por ende, socava uno de los pilares del Estado de Derecho». Al igual que en años anteriores, el Defensor del Pueblo deja constancia de la «insuficiencia de medios» con que cuentan algunos juzgados y señala que su estado es «consecuencia directa, en la mayoría de los casos, de la austeridad económica que continúa afectando a todos los sectores del país», informa Ep.

Otro de los asuntos destacados tiene que ver con las concertinas instaladas en el vallado exterior de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. La Defensora del Pueblo aconsejó su retirada en dos ocasiones, pero el Ministerio del Interior hizo caso omiso de esa recomendación. Su propuesta alternativa era la instalación de un «un mecanismo no cortante que dificulte el salto de las vallas» a los inmigrantes que quieren entrar de forma irregular.

También recomendó que diera instrucciones a la Guardia Civil que presta servicio en la frontera de Melilla para que cuando interceptaran a uno de esos inmigrantes, la respuesta de sus agentes fuera «su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería».

En cuanto a su actividad durante el pasado ejercicio, la Oficina de la Defensora del Pueblo incrementó sus actuaciones de oficio un 41 por ciento, al iniciar 489 expedientes que en la mayoría de los casos versaban sobre inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación. En total, recibió 23.186 quejas ciudadanas, cifra en línea con la registrada el año anterior.

Sobre las actuaciones de oficio, 146 iban dirigidas a la Administración General del Estado, 170 a la autonómica y otras 107 a las administraciones locales. El informe destaca una remitida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer «si está habiendo retrasos en la incorporación de nuevos medicamentos innovadores» para el tratamiento del cáncer, y otra dirigida a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a fin de que las entidades financieras apliquen la sentencia del Supremo que anuló las cláusulas suelo. En cuanto a las quejas, a las 23.186 de los ciudadanos que recibió la institución se suman 289 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad. Del total, 1.820 procedían de parlamentos autonómicos y cuatro de defensores del pueblo regionales.