Los peritos señalan que no hay «correlación» entre las donaciones al PP y las adjudicaciones

Así se han expresado los expertos en una vista celebrada a puerta cerrada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, a la que han sido convocadas las partes personadas en esta pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta caja B del PP.

Los peritos de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, han admitido "dificultades" para acreditar una posible correlación temporal entre donaciones a empresarios y adjudicaciones de obra pública ya que carecían de una relación completa y precisa sobre los contratos, según han precisado fuentes de la acusación.

La acción popular integrada por Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes asegura que al menos en dos de los casos sí existe una relación entre las entregas de dinero reflejadas en los papeles de Bárcenas y el aumento de la contratación.

Se trata de los apuntes referidos a José Antonio Romero Polo, administrador único del Grupo Romero Polo, y a la constructora de obra pública Cyopsa-Sisocia, cuyo presidente y consejero delegado era Camilo José Alcalá. En la contabilidad manejada por Bárcenas figuraban dos donaciones a nombre de 'Polo/Llorens' por 30.000 euros en mayo de 2003 y 'Romero Polo (Lérida)' por 24.000 euros en febrero de 2004.

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Según declaró Bárcenas al juez, estos pagos estaban destinados al pago irregular de la campaña de José Ignacio Llorens, quien fuera diputado del PP en el Congreso por Lérida en la legislatura 2004-2008. En cuanto a Cyopsa-Sisocia, atribuye a Alcalá una entrega de 60.000 euros en el apunte de 'Camilo (Sisovia)' de febrero de 2003 y otra de 'Camilo' de 90.000 euros en diciembre de ese año.

En su informe, entregado a Ruz el pasado noviembre, la IGAE analizaba las donaciones que 15 empresas constructoras y de servicios, que aparecían en los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas, realizaron entre los años 2002 y 2009 por un total de 4,8 millones de euros. En su conjunto se adjudicaron contratos por valor de 22.452 millones de euros en este periodo que fueron aprobados por administraciones gobernadas por el PP.

Las empresas sobre las que se ha realizado la investigación son Sacyr, FCC, OHL, Aldesa, Sando, Assignia, Azvi, Bruesa, Licuas/Desprosa, Asedes, Cyopsa-Sisocia, Construcciones Rubau, Degremont, Sorigue y José Antonio Romero Polo SAU. Sus directivos están imputados en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta 'caja B' del PP.

Los dos expertos se han ratificado también en el informe sobre el contrato de basuras adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, por el Ayuntamiento de Toledo y han afirmado que era "nulo de pleno derecho". Ese contrato, que según Bárcenas se otorgó en 2007 a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho", según la IGAE.

Los expertos han confirmado así ese informe que subrayaba que ese contrato pasó en dos meses de costar 6,13 millones a las arcas públicas a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa. La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.

En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio Bárcenas vinculó este contrato a una donación de la compañía, filial de Sacyr, para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".

El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la Ciudad, controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de 6,13 millones de euros.

Sin embargo, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP), modificó el convenio colectivo de los trabajadores para que se introdujeran "incrementos salariales por encima de los índices de revisión de precios de la concesión", lo que provocó la "modificación del precio del contrato".

El juez Ruz escuchará el miércoles a los peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron un informe que sostiene que el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales cometió cuatro delitos fiscales en las obras de remodelación de la sede central del Partido Popular (PP), situada en la calle Génova de Madrid, que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011.