Rafael Catalá: «Con el aborto lo que vamos a buscar es el máximo consenso»

Pero no sólo. Las tasas judiciales ya habían creado cierta antipatía del colectivo hacia el exministro. De todo ello, de su revisión o no, charlaba con ABC en su primera entrevista tras tomar posesión.

Ha llegado al Ministerio de Justicia cuando apenas queda un año y medio de legislatura y con todos los colectivos en pie de guerra por algunas de las reformas que llevó a cabo su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. Aunque viene del Ministerio de Fomento, donde ha sido secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Justicia no es un destino nuevo para Rafael Catalá (Madrid, 1961): en 2003 ya fue secretario de Estado de con José María Michavila como ministro. Pese a que no lo tiene fácil, porque el tiempo corre en su contra, Catalá viene dispuesto a calmar los ánimos de los profesionales, pero también a seguir adelante con reformas que puso en marcha el anterior ministro. Lo confirma en esta entrevista a ABC, la primera que concede desde su llegada al Palacio de Parcent.

-Ha aterrizado en el ministerio tras una salida bastante convulsa de su antecesor. ¿Viene con la intención de enmendar algún error?

-El presidente del Gobierno me ha pedido que continúe el trabajo que se ha llevado a cabo en esta legislatura, promover unas leyes adecuadas a la realidad actual y una organización de la justicia en la que todas las piezas funcionen coordinadamente. Ese fue el proyecto del ministro Gallardón, en el que efectivamente hubo luces y sombras. Yo voy a trabajar para mantener todas las luces de la etapa anterior, intentar el diálogo y trabajar con los profesionales para llevar adelante juntos los proyectos pendientes.

-Entre esas sombras está la polémica ley de tasas, que usted se ha comprometido a revisar...

-Parece que las tasas están distorsionando algunos órdenes jurisdiccionales en el caso de personas físicas, en la primera instancia en particular. Lo que yo he propuesto es crear un grupo de trabajo, con abogados y demás colectivos, para ver qué está pasando. Y si es verdad que hay personas que ven limitado su acceso a la justicia por esta cuestión, habrá que ajustarlas.

-Pero ¿ese ajuste pasaría entonces por bajar las cantidades, por suprimirlas?

-No hemos llegado a ese momento. Es cierto que hay algunas cuantías que son excesivas y se pueden ajustar; otras quizá son bajas y se pueden elevar. En los dos últimos años y medio estamos trabajando de forma muy intensa por la consolidación de las cuentas públicas, por la reducción del gasto... Tampoco sería razonable que la medida fuera dirigida a bajar la recaudación. Se ha hecho un discurso genérico: «No a las tasas». Cuando yo fui secretario de Estado de este ministerio, en el año 2003, aprobamos una ley de tasas. Yo creo en ellas como elemento de contribución en el coste de la Justicia, pero si la gente no recurre una multa porque es más cara la tasa que el importe de la multa, eso es una anomalía y parecería razonable solucionarla. Por contra, en el ámbito mercantil y civil, en el que se ventilan cantidades importantísimas, se podría generar un incremento de esa tasa.

-Ha llegado al ministerio en un momento complicado, con prácticamente todos los colectivos enfrentados con Ruiz-Gallardón. ¿Cree que logrará arreglar esa situación?

-Hemos elaborado un conjunto de reformas económicas, entre ellas un saneamiento importantísimo del sistema financiero, una reforma laboral que nos está permitiendo crear empleo, y estamos empezando a ver la materialización de una política que es cierto que ha generado cierta tensión en los primeros años. Eso es lo que ha pasado en la Justicia. Ha habido congelación salarial, ajuste de las plantillas... El diálogo, la negociación, es la manera adecuada de llevar a cabo reformas. Vamos a dedicar el máximo esfuerzo, todo nuestro tiempo, a trabajar con los profesionales.

-En la reforma del aborto, ¿qué le parece que primaran más los intereses electorales que el programa con el que el PP concurrió a las elecciones?

-Yo no creo que ese sea el balance de la decisión que tomó el Gobierno de no llevar adelante el proyecto de ley en los términos en los que está planteado, sino tomarnos el tiempo suficiente para generar consenso en los sectores sociales, con las fuerzas parlamentarias... Lo que está planteando el Ejecutivo es llevar a cabo una reforma inmediata de un asunto que nos parece trascendente como es el consentimiento de los padres en los casos de aborto de menores. En el resto de las cuestiones que tienen que ver con el aborto lo que vamos a buscar es el máximo consenso en un asunto que ha generado un amplio debate social. Eso no lo hizo el anterior Gobierno, que llevó a cabo una reforma unilateral en la que no contó con el Partido Popular. No creo que esto tenga que ver con cálculos electorales. Me parece que los procesos electorales están lo suficientemente lejos como para hacer casi inviable la medición de un impacto real sobre la repercusión de una ley.

-Hay muchísimas reformas a lo largo de esta legislatura en las que el «consenso» ha sido la mayoría absoluta del PP. ¿Por qué hay que buscar ese consenso en el aborto cuando está en el programa electoral del PP y no cumplirlo disgusta a una parte importante de su electorado?

-Insisto, yo creo que el planteamiento que se hace desde el Gobierno es que este es un asunto que afecta al conjunto de la sociedad española y nos parece muy necesario seguir buscando consenso, diálogo, con los grupos sociales, con las fuerzas políticas. Tenemos por delante un año de legislatura, estamos a tiempo de valorar la presentación del proyecto de ley.

-¿Habría que retirar el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó en su momento? ¿Cree que la ley actual está respetando el derecho a la vida, que es la cuestión fundamental?

-Según los expertos el recurso de inconstitucionalidad no puede ser retirado por el actual Grupo Popular porque no es el mismo sujeto jurídico que presentó el recurso, por lo que hay un problema de legitimación. Cuando nos están exigiendo que retiremos el recurso parece que hay un temor a que el Tribunal Constitucional fije doctrina y nos diga si la ley vigente es o no adecuada a la Constitución. Eso también es un cauce que nos puede servir para interpretar cuáles son los márgenes de protección del concebido, los derechos de la madre, cuál es el equilibrio razonable...

-Hace unos días se presentaron los Presupuestos de Justicia para 2015 y no hay muchas diferencias respecto al año anterior. ¿Una justicia eficiente y ágil no requeriría más medios económicos?

-Parece que las reformas en todos los ámbitos de la Administración Pública tienen que ir acompañadas de una mayor dotación presupuestaria. Aquí estamos hablando de una organización en la que trabajan 60.000 profesionales. Hay un potencial humano extraordinario. Se trata de tener buenas leyes procesales, organizativas y un mejor aprovechamiento de la capacidad de los profesionales. Aun así, por primera vez, vamos a tener un incremento muy importante, de un 25 por ciento, en el capítulo de inversiones.

-Casos como el de Fórum, en el que se ha tardado ocho años en dictar auto de procesamiento, no mejoran precisamente la imagen de la Justicia. Hay una sensación generalizada de que la Justicia es lenta y que además hay determinados jueces que acumulan causas muy complejas sin ningún refuerzo. ¿Cincuenta plazas de juez para el año que viene son suficientes?

-Yo creo que tenemos una imagen de la justicia más negativa de lo que es la realidad, porque es verdad que ese caso podría poner de manifiesto que la justicia es lenta. Sin embargo, nos olvidamos de los cientos de miles de asuntos que se tramitan en meses. Tenemos que trabajar por mejorar la información porque esa imagen de la justicia dilatada, que siempre llega tarde, es injusta y no responde a la realidad, al trabajo que desempeñan diariamente miles de profesionales.

-¿Le preocupa la proliferación de casos de corrupción o los abusos como el de las tarjetas opacas de Caja Madrid? ¿No deberían ser los políticos y directivos de cajas los que tendrían que dar ejemplo?

-Absolutamente de acuerdo. Los gobiernos deben ser ejemplares en su actividad y facilitar la actividad de los ciudadanos y de la sociedad y crear marcos normativos para que la sociedad se desarrolle. Es un plus de valores éticos que se exige a los que desempeñamos funciones de representación de los ciudadanos o funciones políticas. Por tanto, cualquier comportamiento que se aleje de esa exigencia ética me parece deplorable, impropio y merece todo el reproche, ético, político y penal.

-¿Qué le parece esta nueva moda de pedir indultos por casos de corrupción?

-La institución del derecho de gracia tiene unos orígenes históricos y lo que estamos intentando es ejercerlo con absoluta cautela. De los miles de indultos que se tramitan al año se conceden unas pocas decenas. Somos especialmente restrictivos en la concesión de indultos por delitos que generan alarma social.

-¿Le parece razonable que haya 17.600 aforados en España?

-Este es un tema en el que debemos hacer cierta pedagogía porque los ciudadanos identifican aforamiento con privilegio e impunidad, y eso no es cierto en absoluto, porque los actuales aforamientos tienen que ver con que un órgano jurisdiccional superior o el Tribunal Supremo conozca de las causas que se inicien contra determinadas personas que ejerzan una función en algún caso política y en otros casos meramente profesional. Si queremos introducir este debate en un contexto de regeneración democrática, eso también requiere una discusión por parte de los partidos políticos.

-Usted entonces no es partidario de reducir el número de aforados...

-De lo que no soy partidario es de que identifiquemos el aforamiento con el privilegio, porque no es verdad. Que revisemos los aforamientos, perfecto, porque posiblemente el aforamiento se ha extendido más allá de lo razonable, pero sin apriorismos, porque lo hemos metido en el saco de la lucha contra la corrupción y yo creo que es una cuestión bien distinta.

-¿Es partidario de aplicar la prisión permanente revisable?

-La prisión permanente revisable existe en muchos países de nuestro entorno. Hay que hablarlo con los grupos parlamentarios porque creo que es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal.