Catalá espera que el Supremo rechace descontar las condenas de los etarras

Catalá ha defendido en San Sebastián el criterio jurídico contrario al que aplicó la Sección Primera de la Audiencia Nacional para excarcelar a Arrospide ante un auditorio integrado por víctimas del terrorismo, incluidos afectados por el atentado de Hipercor, del que se considera autor intelectual a "Santi Potros".

El ministro ha participado en una mesa redonda sobre "Justicia y terrorismo" organizada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), acompañado por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, quien ha sido objeto de las críticas de algunos de los asistentes precisamente por la excarcelación del histórico etarra.

Durante este acto, al que han asistido también el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, Covite ha entregado su premio anual a María del Carmen Alba, coordinadora de la oficina de víctimas del terrorismo de la Audiencia Nacional.

Al finalizar la mesa redonda, Catalá ha indicado en declaraciones a los periodistas que la reforma legal que se hizo para trasponer la decisión marco de la UE en esta materia "garantiza que no se lleven a cabo descuentos de cumplimientos de condena como consecuencia de otras sentencias dictadas en la Unión Europea".

Por este motivo, ha dicho esperar que la Sala Segunda del Tribunal Supremo "valide" el martes esta legislación y se decante por la interpretación que hizo la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que, a diferencia de lo ocurrido con Arrospide, rechazó la excarcelación de un miembro de ETA al no descontarle la condena cumplida en Francia.

El ministro ha expresado su deseo de que, a partir de la decisión del Supremo "en todas las secciones de la Audiencia Nacional se haga una aplicación homogénea y uniforme" de esta norma, que, a su juicio, aplicó de una forma "más acertada" la Sección Segunda.

Durante el turno de preguntas de la mesa redonda, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha cuestionado al ministro por los motivos por los que la reforma legal para transponer la norma de la UE se haya demorado hasta permitir la excarcelación de "Santi Potros", a lo que Catalá ha respondido que carecía de la información para explicar qué ha ocurrido desde que en 2008 se emitiera la directriz de la Unión Europea.

No obstante, ha recordado que la excarcelación de Arrospide y la de otro etarra, Alberto Plazaola, han sido recurridas, "van a ser objeto de revisión y podrán ser, en su caso, revocadas".

Tras la intervención de una víctima de Hipercor, muy dura contra los jueces de la Audiencia Nacional, el presidente de este organismo, José Ramón Navarro, ha defendido a los magistrados de la Sección Primera, que decidieron la excarcelación de "Santi Potros", ya que actuaron "con absoluta independencia y profesionalidad, en estricto cumplimiento del estado de derecho".

Navarro ha atribuido a la "complejidad" de la ley para justificar que dos secciones adoptaran medidas contrapuestas y ha recordado que el pleno de la sala de lo penal se dividió "9 contra 9", tras lo que ha desmentido que el presidente ejerciera voto de calidad, tal y como le ha reprochado Consuelo Ordóñez.

Más allá de la polémica suscitada en torno a este asunto, que ha generado gran inquietud entre las víctimas de ETA, como ha podido comprobar hoy el ministro, Catalá ha reivindicado la necesidad de un "relato veraz" del sufrimiento de las víctimas y la responsabilidad de sus "verdugos".

"Es necesario hablar y decir que no es verdad que en Euskadi haya habido un enfrentamiento civil de la sociedad entre dos sectores simétricos", ha dicho el titular de Justicia, quien ha rechazado que se pretenda superar el terrorismo "con un trato igualador que redima a todos".

Por el contrario, ha asegurado que en el País Vasco "un grupo de personas ha tratado de imponer sus ideas por la vía del delito".

Tanto el ministro como el presidente de la Audiencia Nacional se han comprometido también, ante el requerimiento de Covite, a investigar todos los atentados terroristas sin resolver, aunque hayan prescrito, para que se conozca la verdad.

En esta categoría, Catalá ha incluido a los asesinatos de los GAL, tras ser requerido a ello por la vicepresidenta de Covite, Laura Martín, viuda de José Antonio García Goena, asesinado por este grupo.