Siete vocales del CGPJ piden a Lesmes que sea el Pleno el que decida la prórroga de Ruz

El escrito lo firman seis magistrados del sector progresista del Consejo -Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Concepción Sáez- y también se habría unido el vocal designado a propuesta del PNV, Enrique Lucas.

Estos vocales han reaccionado tras conocerse que la Comisión Permanente que se celebrará el próximo martes, día 9, previsiblemente incluirá la aprobación de un concurso público que afecta a 38 plazas de juez que se encuentra, como Ruz, en comisión de servicios.

Si el concurso se abre la plaza de la Audiencia Nacional será adjudicada al juez con más antigüedad que la pida, lo que descartaría al actual instructor del «caso Gürtel». No obstante, permanecería unos meses más hasta que la plaza fuera definitivamente adjudicada.

Ruz, que tiene su plaza en el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ocupa desde junio de 2010 el Central número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, Miguel Carmona actúa de juez de enlace en Reino Unido.

El pasado 24 de junio, el CGPJ acordó prorrogar por seis meses la comisión de servicio que el juez Pablo Ruz viene desempeñando en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye causas como el denominada «caso Gürtel», la supuesta financiación ilegal del PP (papeles de Bárcenas) y otras de carácter económico o relacionadas con la justicia universal.

En su escrito, los vocales recuerdan que el propio precepto por el que debe guiarse la renovación, el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «requiere la valoración de diversas circunstancias» entre las que se encontraría la de «la idoneidad del magistrado que haya de atender la necesidad a la que responda la cobertura del destino» en cuestión.

Por ello, creen que la plaza de Ruz no debe ser resuelta de modo automático, ya que la ley prevé diversas opciones cuya ponderación y decisión compete al CGPJ y que, al implicar «un margen claro de apreciación y discreccionalidad» corresponde adoptar al Pleno del Consejo y no sólo a los vocales de la Permanente.

A la justificación competencial añaden «poderosas razones» como que se trata de una decisión de evidente interés general «con amplia repercusión en los medios de comunicación y en los ámbitos jurídicos» y que «no en vano está vinculada a la imagen de la Justicia y a la confianza de los ciudadanos en ella», por lo que se deben asegurar las «máximas garantías».