El ministro de Justicia espera que la Fiscalía pida suspender excarcelación de los etarras

«Espero que la Fiscalía presente el recurso y solicite la suspensión cautelar si cabe», señaló Catalá en una rueda de prensa en Bruselas, donde asiste al consejo de ministros europeos de Justicia.

El ministro español expresó su confianza en que el resultado final no genere un descuento de las penas.

Catalá explicó que España acaba de modificar su normativa para reconocer las sentencias de los tribunales de otros Estados miembros de la UE, pero recalcó que en ningún caso esto puede menoscabar el cumplimiento de condenas dictadas por tribunales españoles.

«Tenemos un sistema legal que garantiza el cumplimiento de las penas en España, que garantiza también la armonización europea», agregó.

Según Catalá la legislación es clara, aunque su aplicación pueda generar dudas, y en este sentiodo afirma que «no se llevará acabo el descuento de tiempo de condena cuando se trate de sentencias dictadas por tribunales españoles con anterioridad a las sentencias dictadas en otro Estado de la Unión Europea».

Tampoco se hará el descuento cuando se trate de «sentencias que aunque hayan sido dictadas anteriormente, sean por delitos cometidos anteriormente en España que los enjuiciados en la UE», añadió.

«Si la resolución (...) lo que hace es una aplicación de la decisión marco (de la UE) o de la propia ley 7/2014 (española) que no coincida con este enfoque, yo espero que la Fiscalía presente el recurso y solicite la suspensión cautelar si cabe», recalcó.

Catalá, quien dijo desconocer por el momento los detalles del auto de la Audiencia Nacional, aseguró que confía firmemente en que el resultado final sea «una recta aplicación» de la normativa de manera que no se genere un descuento de las penas.

Mientras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno «acata como no puede ser de otra manera» la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a los terroristas «Santi Potros» y Alberto Plazaola Anduaga pero ha querido dejar claro que «en ningún supuesto, el espíritu ni la letra de la norma comunitaria por la que se ha producido este hecho es la de excarcelar o aligerar penas a terroristas o a otros delincuentes».

Díaz ha afirmado que «estemos de acuerdo o nos gusten o no las decisiones judiciales estamos en un estado democrático de derecho y con separación de poderes y, por tanto, acatamos como no puede ser de otra manera esta decisión de la Audiencia».

Lo que que sí dice el Gobierno es que «la ley que entra en vigor hoy 4 de diciembre y que traspone la directiva comunitaria es una ley que, en su espíritu y letra, no tiene por finalidad aligerar la salida de terroristas a la calle», ha insistido el ministro, que también ha recordado que, durante la tramitación de la trasposición de esta decisión comunitaria del año de 2008 a nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Ejecutivo central como el Grupo Parlamentario Popular introdujeron «garantías y cautelas para que, en ningún momento, fuera posible esa interpretación».

Tras explicar que lo que pretende esta ley comunitaria es que «se reconozcan mutuamente por parte de los Estados miembros de la UE los periodos de cumplimientos de pena en otro país cuando exista conexión material y temporal entre los delitos que motivan esas condenas», Fernández Díaz ha reiterado su respeto a la «independencia de las decisiones judiciales» y ha expuesto, además «la complejidad jurídica que se ha visto en este caso concreto, ya que ni siquiera la propia Audiencia Nacional tiene un criterio unánime en cuanto a quién debe ser el órgano jurisdiccional que aplique esas decisiones».

Ante ello, ha advertido de que «es previsible que ante eventuales recursos tenga que fallar el Tribunal Supremo» y ha vuelto a subrayar que, en cualquier caso, «tanto en lo que hace referencia a decisiones que adopte la Audiencia como las que pueda adoptar el Supremo, las acatamos y respetamos».

«Pero lo que decimos desde el Gobierno es que ni el espíritu ni la letra de la norma es facilitar excarcelaciones anticipadas de terroristas o de delincuentes; se trata simplemente de que si formamos parte de la Unión Europea, es razonable que se tenga en cuenta a efectos de condena el tiempo que los penados hayan cumplido en otros países de la Unión por delitos que tengan conexión temporal y material con aquellos otros por los que están condenados en otros países», ha apostillado.