La ley de tasas, dos años entre recursos y críticas

La ley 10/2012 de las tasas judiciales fue de las pocas que logró aprobar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón , con el voto en solitario del PP en las Cortes Generales y con la oposición unánime de profesionales, sindicatos y consumidores, que llegaron a unirse en la Plataforma «Justicia para Todos» en su contra.

La norma, aprobada la jornada de la huelga general de 2012, fue suavizada a través de un real decreto-ley en abril del año siguiente tras las recomendaciones de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien evitó recurrirla ante el Constitucional como requería el sector. Ese decreto reducía el tramo variable de la tasa, adelantaba la entrada en vigor de los efectos de la ley de justicia gratuita pero no tocaba la parte fija de la tasa.

Esta cuantía fija lleva aparejada el pago de 800 euros por recurrir en apelación y hasta de 1.200 euros por acudir a casación ante el Tribunal Supremo. Y es que las tasas de Gallardón se extendieron más allá de las personas jurídicas —como bancos o grandes empresas— para alcanzar a las personas físicas en todas las jurisdicciones, salvo la penal.

Gallardón justificó las tasas en que financiarían la justicia gratuita pero lo cierto es que los profesionales y las comunidades autónomas denuncian que la recaudación de más de 500 millones de euros no se ha destinado al turno de oficio y su gestión corresponde a Hacienda y no Justicia.

Precisamente, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, está recopilando datos sobre el impacto que las tasas han tenido en la litigiosidad para estudiar si un «ajuste» aunque no su derogación. Y se verá condicionado por el proyecto de ley de justicia gratuita, íntimamente relacionado con las tasas, cuyos efectos entraron en vigor aunque todavía en tramitación como proyecto en el Congreso de los Diputados.

Los abogados siguen batallando contra esta norma desde el día de su aprobación y han recurrido a grupos parlamentarios, entre ellos PSOE, UPyD y Ciudadanos. Otras instituciones han demostrado también su rechazo a la norma y prueba de ello son los cinco recursos que el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.