Interior cifra en 7.000 los intentos de entrada por las vallas de Ceuta y Melilla

Así lo ha detallado Martínez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha insistido en que el Gobierno debe seguir trabajando para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de un marco jurídico que proporcione y dé mayores garantías ante esta situación de «extraordinaria presión migratoria y complejidad».

A su juicio, el fenómeno de la inmigración irregular sólo puede abordarse como una cuestión de Estado y la respuesta de este desafío debe conjugar distintas sensibilidades, ponderar la solución que desde el Estado de Derecho debe darse a situaciones de «enorme complejidad», con una «innegable» dimensión humanitaria, junto a la responsabilidad de proteger a las fronteras.

Martínez ha puesto en valor que millones de seres humanos ponen en riesgo su propia vida en busca de un futuro mejor como consecuencia de distintas circunstancias, como la pobreza endémica del continente africano. Eso sí, ha recordado que hay que conseguir el «difícil equilibrio» entre la obligación legal de custodiar las fronteras y el deber de respetar los derechos fundamentales de los flujos migratorios, a pesar de que se trate de vías ilegales.

En este punto, ha destacado que la Ley de Extranjería da respuesta con rigor jurídico a situaciones derivadas de la irregularidad de la entrada, estancia o permanencia de España, con procedimientos administrativos como la inadmisión, la devolución o la expulsión con sus corresondientes garantías.

En las fronteras de Ceuta y Melilla, donde se concentra mayor desigualdad del mundo, a diferencia de otras fronteras, Martínez dice que se plantea la necesidad de evitar entradas ilegales muchas veces violentas o masivas. «Creo que no podría esperarse nunca de un Estado que asistiese impasible a actos que vulneran la legalidad fronteriza y por extensión de la UE y que no podría defenderse nunca, más allá de los componentes humanitarios del debate, que existe un derecho a entrar de manera irregular en un Estado», ha recordado.

Así, ha insistido en que la actuación de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cumplimiento de la ley, al rechazar en la frontera a aquellos que quieren entrar de forma ilegal, «goza de plena cobertura jurídica». «A veces esa acción de rechazo supone hacer frente a asaltos violentos, movidos por la desesperación, que sólo pueden abortarse eficazmente mediante acciones de convulsión física sobre las personas presididas siempre por los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad», ha remarcado.

Por ello, Martínez ha explicado que, dando prevalencia a la integridad de los inmigrantes, y frente a la búsqueda de una evitación inmediata de un salto, se produce un tiempo de espera hasta que los inmigrantes hayan descendido del vallado para realizar materialmente el rechazo.