El Gobierno concederá este año cinco veces menos indultos que en 2012

Si hablamos de corrupción, las expectativas son aún menos halagüeñas porque en los dos últimos años solo se han indultado por delitos contra la Administración Pública (que engloba malversación, prevaricación o tráfico de influencias, entre otros) a tres personas: dos en 2013 y a una este año, según un informe al que ha tenido acceso ABC. Precisamente el pasado julio, y en el mismo Consejo de Ministros, el Ejecutivo negó cuatro peticiones de indulto a personas muy representativas en distintos ámbitos: los políticos Jaume Matas, Julián Muñoz y Ángel Carromero (dirigente de Nuevas Generaciones del PP) y al juez Baltasar Garzón, si bien es verdad que a los dos últimos por delitos ajenos a la corrupción política.

El número de indultos concedidos en 2014 supone un 74 por ciento menos que los 382 que se han concedido de media en los últimos diez años , un periodo en el que el pico más alto lo alcanzó 2007 (521), con Zapatero en La Moncloa, seguido por los 501 de 2012, ya con el Ejecutivo de Rajoy.

A lo largo de los primeros ocho meses de 2014 el Gobierno ha resuelto 4.809 peticiones de indulto y sólo lo ha concedido en 65 casos , un número sensiblemente inferior al año 2013 (190) y mucho menor, desde luego, que los 501 de 2012. Los delitos contra la seguridad pública (fundamentalmente el tráfico de drogas) y contra el patrimonio (hurto, robo o impago de pensiones) siguen siendo los que tienen más posibilidades de que la petición de indulto prospere , a juzgar por las 38 personas que lo consiguieron en primer caso, y las 11 del segundo. Por contra, no se ha dado ningún indulto por delitos contra la libertad (acoso laboral, sexual, coacciones, detención ilegal o secuestro), contra el orden público (atentado o resistencia a la autoridad o desórdenes públicos) violencia doméstica o seguridad vial, y de los 431 que se resolvieron relativos a delitos contra la integridad física (asesinatos, homicidios, lesiones o torturas) se dio en siete casos.

Precisamente es a este grupo al que se refiere el polémico indulto concedido el año anterior al «kamikaze» de Valencia, decisión anulada por el Tribunal Supremo tras las presiones sociales y políticas, que cuestionaban la decisión del Gobierno ante una condena de 13 años de cárcel que además contaba con informes desfavorables tanto del tribunal que le condenó como de la Fiscalía.

En aquella sentencia el Alto Tribunal sostuvo que aunque el indulto es un acto discrecional del Gobierno, que no exige la motivación propia de los actos administrativos, la justicia puede comprobar si esa decisión discrecional guarda «coherencia lógica con los hechos que constan en el expediente» y a partir de ahora el Gobierno deberá señalar «las razones de justicia, equidad y utilidad pública» que exige el legislador y que deben ser determinantes para el indulto. Más aun cuando no se cuenta con informes favorables del tribunal que dictó la sentencia ni con el del Ministerio Público. En este sentido, y ante la polémica que a lo largo de los últimos años han generado indultos como el de Zapatero al exvicepresidente y exconsejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, c ada vez se conceden menos medidas de gracia que cuentan con informes desfavorables . Así, en 2014, de los 65 indultos que se dieron hasta agosto, 60 de ellos contaron con el visto bueno del tribunal y del Ministerio Público, 32 con informe favorable de la Sala y desfavorable del fiscal y 4 con informe desfavorable de la Sala y favorable del fiscal. En definitiva, solo un indulto de los concedidos ignoró el criterio de tribunal y fiscal. En 2013 en este último caso se registraron 16.