La cuestionada ley del indulto cumple 144 años

Varios grupos políticos piden reformar una medida de gracia que el Supremo ha calificado como una «intromisión» del poder ejecutivo

La cuestionada ley del indulto cumple 144 años Juan Carlos Soler

J.G.M.

22/06/2014
Actualizado 14/05/2016 a las 09:33h.

Aprobada en 1870, durante el breve reinado de Amadeo I de Saboya , la ley del indulto ha cumplido esta semana 144 años. El aniversario llega entre las críticas de varios partidos políticos a esta figura jurídica. Reclaman su adecuación al siglo XXI y ... dotarla de mayor transparencia.

La norma consta de una treinta de artículos que apenas han sido modificados desde el 18 de junio de 1870, fecha en que fue impulsada por el entonces ministro de Justicia Eugenio Montero . Hubo que esperar hasta 1988 para que el Gobierno de Felipe González la renovara formalmente, añadiera un artículo y cambiara terminologías como «Ministro de Gracia y Justicia» por «Ministro de Justicia» o «parte agraviada» por «parte ofendida». La última modificación fue la orden ministerial del 10 de septiembre de 1993.

El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, que consiste en la condonación total o parcial de las penas impuestas a los condenados en sentencia firme . Mientras la amnistía supone el perdón del delito, el indulto se refiere a la condena. Su ámbito es restringido y lo otorga el Rey, siempre a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Para la concesión del indulto, el Gobierno debe valorar las pruebas o indicios de arrepentimiento del solicitante, a modo de garantía del comportamiento futuro. Esto tiene relación con el sistema penitenciario español, que está orientado a la reinserción social . Cualquier ciudadano puede solicitar el indulto, que debe estar acompañado de un informe elaborado por el director del centro penitenciario correspondiente o por la Policía. El Gobierno, el Ministerio Fiscal y el tribunal sentenciador también pueden iniciar el trámite.

Indultos múltiples de Aznar

La primera medida de gracia masiva de la Transición se produjo en 1975. Con motivo de la proclamación de Juan Carlos I , se aprobó un indulto general que afectó a más de 12.000 personas acusadas de diversos delitos. 700 de ellos estaban condenados por delitos de tipo político. Con la Constitución de 1978, los indultos generales quedaron prohibidos . Pero los sucesivos Gobiernos se han reservado esta prerrogativa.

José María Aznar , por ejemplo, concedió tres indultos múltiples. El 1 de diciembre del 2000, exoneró de su pena a 1.433. Se trata de la más amplia medida de gracia concedida desde que se aprobó la Constitución. El Gobierno lo justificó por las peticiones que realizó el Papa, la coincidencia con el 22 aniversario de la Constitución y la proximidad del fin del milenio. Entre los indultados estaban el exjuez Javier Gómez de Liaño, inhabilitado por su instrucción del «caso Sogecable» y los principales acusados del «caso Filesa».

El indulto más polémico concedido en las últimas fechas es el de un conductor «kamikaze» que estaba condenado a trece años de prisión por matar a un joven de 25 años. Igualmente, el Consejo de Ministros conmutó en mayo la pena de inhabilitación por una multa a un guardia civil que se burló de un abuso sexual y lo grabó con su teléfono móvil.

Más transparencia

Partidos como el PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV, ERC, Compromís-Equo o BNG han reclamado abrir un debate sobre la ley del indulto y ajustarla a la realidad actual. El PP, que tiene la mayoría absoluta en las Cámaras, defiende que la norma actual no es «opaca, arbitraria o injusta» y pide huir de iniciativas «oportunistas» . El Gobierno mantiene que solo concede el 7 por ciento de las peticiones que recibe, el mismo porcentaje que en los años anteriores.

Frente a estos posicionamientos políticos, el Tribunal Supremo ha reconocido que el indulto supone una «intromisión» del poder ejecutivo en los resultados de un proceso penal, seguido con todas las garantías y en el cual se imponen las penas previstas en la ley. Los ciudadanos no pueden pedir la modificación de esta prerrogativa por la vía de la iniciativa legislativa popular.

Los casos más conocidos

José María García , periodista, condenado por dos delitos de desacato, a sendas penas de dos meses de cárcel por las Audiencias Provinciales de Zaragoza y Madrid, fue indultado parcialmente el 13 de julio de 1990. El indulto le exoneró de ir a la cárcel, aunque García se vio obligado a pagar dos multas de 300.000 pesetas, en sustitución de cada pena.

Jesús Gil , exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, condenado en 1992 a dos meses de arresto y suspensión de cargo público por un delito de estafa, fue indultado el 16 de abril de 1994. No era el primer indulto que se le concedía. El general Franco ya le indultó, previo pago de 400 millones de pesetas, cuando fue condenado por imprudencia temeraria, a raíz del hundimiento del restaurante de la urbanización Los Ángeles de San Rafael, propiedad de Gil, donde murieron 58 personas.

Javier Gómez de Liaño , exmagistrado de la Audiencia Nacional, condenado en junio de 1998, por el Tribunal Supremo, a 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación durante la instrucción del «caso Sogecable», fue indultado por el Gobierno el 1 de diciembre de 2000. La concesión de esta medida derivó en un conflicto jurisdiccional entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, que aplicó el indulto sólo sobre la pena de inhabilitación pero rechazó que la medida de gracia supusiera su reingreso en la Judicatura. Finalmente, el 8 de mayo de 2002, el CGPJ decidió reintegrar a Gómez de Liaño en la carrera judicial con la obligación de solicitar destino en el primer concurso de traslados que se convocara.

José Barrionuevo y Rafael Vera , exministro del Interior y exsecretario de Estado para la Seguridad, respectivamente, condenados en 1998 a 10 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos, fueron indultados parcialmente el 23 de diciembre de 1998. El Gobierno les concedió un indulto de dos tercios de las penas, lo mismo que al resto de los condenados dentro del caso, salvo a los ex policías Amedo y Domínguez, que no se beneficiaron del indulto porque ya habían resultado beneficiados por una acumulación de sus condenas.

Alfredo Sáenz , exconsejero delegado del Banco de Santander, condenado, en marzo de 2011, a tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer funciones en banca por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, fue indultado por el Gobierno noviembre de 2011, lo que le permitió seguir en el cargo. En febrero de 2013, el TS anuló, sin embargo, el indulto en cuanto a las «consecuencias administrativas» se refería, y que le habían permitido seguir como consejero delegado.