Los acusados de pertenecer a Segi intentan boicotear el juicio

Las camisetas naranjas con la inscripción «Libre», un símbolo del movimiento «Herri Harresia» de la izquierda abertzale que aboga por la desobediencia civil, han teñido este lunes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A pocos minutos de empezar el juicio, los acusados han dado la espalda a la juez y han sacado carteles reivindicativos por lo que se ha suspendido momentáneamente la sesión, que se ha reanudado unos minutos después con los acompañantes de los acusados expulsados de la sala. Cinco de los 28 implicados no han comparecido en el tribunal sin presentar ninguna causa, por lo que Fiscalía ha pedido «su busca y captura». Finalmente, la Ertzaintza ha acudido a la Basílica de Loyola, en Azpeitia (Gipuzkoa), para detener a los cinco jóvenes procesados. Además de a los cinco implicados, los agentes también han arrestado a otras dos personas más en una operación con varios incidentes.

Los primeros en someterse a las preguntas de la defensa han seguido el mismo patrón de actuación en sus declaraciones. No han querido responder a las preguntas de la acusación, han alegado «torturas policiales» y no han querido ratificar la primera declaración que hicieron tras ser detenidos por las Fuerzas de Seguridad. Todos han negado estar relacionados con Segi y, en su lugar, han dicho que las reuniones a las que asistían eran solo para debatir temas políticos, pero sin ninguna vinculación con la banda terrorista.

La actitud relajada y chulesca que mostraban cuando permanecían en grupo se desvanecía al ser sometidos en solitario al interrogatorio de su defensa. Varios acusados han roto a llorar mientras relataban los supuestos abusos policiales y se han presentado ante el tribunal como víctimas de varias confusiones. Ander Maeztu, por ejemplo, ha declarado que los panfletos que encontraron en el registro de su casa eran solo propaganda que le dieron en alguna manifestación. Garazi Autor, por su parte, califica como encuentros con amigos algunas reuniones en las que aparece fotografiada con distintos miembros sospechosos de pertenecer a Segi.

Tras intensas rondas de vigilancias y seguimientos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, los fiscales Juan Antonio García Jabaloy y Susana Landeras identificaron en su escrito de acusación a estos miembros como responsables a nivel nacional (como en el caso de Aitziber Plazaola, cabeza de la organización en el País Vasco y encargada de «recibir instrucciones de la banda terrorista ETA») y provincial (como Salvador Ramírez en San Sebastián o Xabat Moran en Bilbao) de Segi, considerada una«cantera» de ETA. La Abogacía del Estado afirma en este documento que la organización dinamiza la violencia callejera y «en el momento actual es la única estructura que sintoniza plenamente con los planteamientos más radicales» de la banda terrorista.

La Fiscalía también sospecha que, a pesar de su ilegalización, los miembros de esta organización podrían continuar su actividad de captar y entrenar nuevos jóvenes o recaudar fondos bajo otras siglas u «organizaciones pantalla» que son controladas por Segi. Durante los registros se incautó material para sabotajes «de diversa intensidad», dinero como los 12.000 euros hallados en un sobre, documentación, propaganda y hasta una carta del miembro de ETA Joanes Larretexea, encarcelado en Francia.

La Fiscalía sospecha en su escrito de acusación que estos miembros de Segi que fueron «ubicadas en un segundo escalón en la estructura de dirección de Segi han pasado a sustituir a los máximos responsables que fueron detenidos en noviembre de 2009», una macrorredada que supuso un duro golpe para la organización, que quedó prácticamente descabezada.

La Audiencia Nacional absolvió el pasado mes de junio a 40 personas acusadas de pertenecer a Segi. La juez consideró entonces que estos jóvenes pertenecían a la Plataforma Gazte Independentistak, que organizaban actividades políticos pero que no estaban, según la sentencia, vinculadas con la violencia terrorista.