La Junta dio 400 millones para cursos antes de las municipales

Los responsables del denominado «caso Edu», cuya investigación judicial tiene por ahora su epicentro en un juzgado de Málaga -se está extendiendo a otras provincias andaluzas-, recalcan en varias ocasiones en su informe las supuestas relaciones entre «partidos políticos y sindicatos» y los beneficiarios de las ayudas, para precisar que «entendemos que es esta condición la que les ha facilitado el acceso a este tipo de subvenciones , que de otro modo no hubiesen adquirido al no cumplir los requisitos legales exigidos».

Los agentes engloban estas presuntas irregularidades en una supuesta «red clientelar», cuyo fin último sería «obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza», y que supuestamente parasitaba de los fondos públicos para la formación de los parados. A éstos les llama «poderosamente la atención» el hecho de que en el primer trimestre del año 2011 -a escasos dos meses de las pasadas elecciones municipales- se «multiplicara exponencialmente» el número de resoluciones de concesión de subvenciones publicadas por la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La suma de los fondos adjudicados en tan solo tres meses asciende a más de 414.085.627 millones, resaltando considerablemente que 128.724.501 euros se concedieron solo el 31 de enero. Los investigadores advierten de que cada una de las ocho Direcciones Provinciales podía estar resolviendo otras resoluciones, por lo que la cuantía podría ser escandalosa.

Una de las personas más agraciadas en el reparto de las partidas para la formación de los desempleados es el exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda. Los agentes aseguran que un grupo de sociedades vinculadas «directa o indirectamente» con el exdirigente socialista percibieron 14.671.881,50 euros de resoluciones emitidas por la Dirección General del SAE.

«Destaca la reiteración en la percepción de las subvenciones y su elevada cuantía», recoge la diligencia policial, en la que se aclara que Ojeda operó hasta 2009 con aproximadamente nueve empresas relacionadas con el sector técnico y aeronáutico.

A partir de este año, que es cuando se aprueba la nueva norma que regula la concesión de ayudas y becas -orden de 23 de octubre de 2009- en este campo, se crean muchas de las compañías que ahora están bajo la lupa de los investigadores. Un «frenesí» empresarial que también coincide en el tiempo con el conflicto laboral de Delphi y los intentos de la Administración autonómica de aplacarlo invirtiendo en la cualificación de los despedidos para una posterior reubicación.

La UDEF resalta el desembarco del exconsejero en el «mundo de las subvenciones» y en el «muy lucrativo negocio de la prevención de riesgos laborales», sin desdeñar el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, «con lo que prácticamente cubre todo el espectro subvencionable en Andalucía».

Aunque las sospechas policiales en torno al exmiembro del Ejecutivo autonómico van más allá. Los responsables del «caso Edu» alertan de una curiosa coincidencia: la exdirectora general para la Formación para el Empleo Teresa Florido es la cuñada de Ojeda . Esta persona, sobre la que los agentes resaltan que fue destituida «fulminantemente» por la Junta, «era la responsable de la concesión de gran parte de estas subvenciones».