El Gobierno da luz verde a la ley de Seguridad Ciudadana

Durante los últimos siete meses, el anteproyecto aprobado por el Gobierno se ha sometido al dictamen de numerosos órganos consultivos, que han cuestionado algunos aspectos del texto. Esto ha llevado al Gobierno a introducir diversas modificaciones en el proyecto que aprobará hoy atendiendo a las recomendaciones de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado , el Consejo Fiscal, la Agencia Europea de Protección de Datos, la FEMP, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace.

Fuentes del Departamento de Jorge Fernández Díaz han explicado que se han asumido todas las observaciones «esenciales» que se han formulado para lograr el objetivo de «garantizar las mejores condiciones para la seguridad ciudadana, con un absoluto respeto a la libertad y con una total seguridad jurídica».

En este sentido, aseguran que el texto que finalmente será sometido a su aprobación por el Consejo de Ministros contará «con todas las garantías en cuanto a su constitucionalidad y con un escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas».

Uno de los aspectos más polémicos del texto inicial con el que trabajaba el Ministerio del Interior era el referido a las actuaciones dirigidas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). En el anteproyecto aprobado en noviembre, los insultos, vejaciones, amenazas o coacciones a los agentes quedaban con la consideración de falta leve, igual que el uso y distribución de imágenes de los policías con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o puedan poner en riesgo una operación.

Mientras, entre las sanciones más altas el Gobierno incluía la perturbación «muy grave» de la seguridad ciudadana en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos, así como las convocatorias «con finalidad coactiva» celebradas durante la jornada de reflexión o el día electoral. De la misma forma, podrían ser sancionadas con hasta 600.000 euros las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas siempre que supongan un riesgo para las personas o perjuicio para su funcionamiento.

Además, el texto contemplaba como sanción muy grave el manejo armas prohibidas o explosivos no catalogados, la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas o la proyección de dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser contra vehículos y otros medios de transporte como aviones. También cuando una persona sume tres faltas graves en el periodo de dos años.

Las concentraciones en torno a las Cortes Generales cuando éstas no hubiesen sido debidamente comunicadas quedaron calificadas como falta grave siempre y cuando supongan perturbación de la seguridad ciudadana, independientemente de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas.

Además, incluía la sanción por ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios frecuentados por menores o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial, aunque la conducta no será sancionada si la persona es víctima de la trata de seres humanos. En el apartado de las infracciones graves también se incluían aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas o el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación.