Los movimientos anarquistas cuentan con 500 centros de okupación en Barcelona

En España hay cerca de un millar de estos locales, con distintos niveles de conflictividad, de los cuales 500 se ubican en Barcelona. Muchos de los centros llevan a cabo actividades de aparente interés social, pero al mismo tiempo mantienen campañas de hostigamiento a las instituciones y de apoyo a elementos ultraizquierdistas detenidos por participar en actividades de terrorismo callejero. Durante las algaradas, individuos que frecuentan algunos de estos centros informan en tiempo real a través de las redes sociales de la ubicación de los policías, en busca de zonas de impunidad o para emboscar a los antidisturbios.

Los centros han sido ocupados, en la mayoría de los casos, por la vía de los hechos consumados. Las lagunas legales, las dificultades para localizar o identificar a los verdaderos propietarios son algunas de las circunstancias que favorecen estas invasiones sistemáticas de la propiedad privada. Un fenómeno que se ha disparado en los últimos años alentado por la grave crisis económica y social.

Solo en Barcelona hay 500 «centros sociales de autogestión» utilizados por antisistemas y anarquistas de gran tradición en Cataluña. Sin embargo, es creciente la infiltración de Arran (Raíz) -juventudes independentistas catalanas próximas a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)-. Un hecho que inquieta.

La CUP, mezcla de elementos anarquistas y antisistema, rechazó la invitación de Bildu para concurrir en alianza a los recientes comicios europeas. Sin embargo, ha apoyado actos electorales de la «izquierda abertzale», con la que mantiene una estrecha relación. Su líder, David Fernández, formó parte del «equipo de investigación» del redactor jefe de «Egin» Pepe Rei. Aquel que apuntaba para que ETA rematara a José Manuel Olarte, José Antonio Santamaría, Joseba Goikoetxea, Fernando Múgica, Ramón Doral...

Una vez que el Ayuntamiento de Barcelona ha cedido a las presiones violentas de los anarquistas de Sants, la Policía advierte de que a partir de ahora la onda expansiva puede alcanzar a otras ciudades de España. En Madrid se contabilizan alrededor de 30 de estos «centros sociales de autogestión», la mayoría muy beligerantes. En Galicia hay 15. Andalucía también tiene un elevado número. A ello se suman los denominados «gaztetxes» del País Vasco controlados por Segi.

Algunos de los «centros sociales» han sido cedidos por diferentes administraciones públicas. En la mayoría de los casos se trata de ayuntamientos, aunque también figura el Gobierno. Por ejemplo, «La Tabacalera» fue entregada a colectivos anarquistas por el Ministerio de Cultura en tiempos del Ejecutivo de Zapatero, a través de la Dirección General de Bellas Artes.

En la capital de España varios de estos centros de okupación están al borde del desalojo y los más beligerantes empiezan a sacar los dientes ante la advertencia del derribo. Uno de ellos, que se autocalifica «combativo», es La Traba, situado en la calle Batalla de Belchite. Lo controlan una amalgama de elementos de «Red Roja», anarquistas y antifascistas. Se jactan de que esta zona okupada es «un foco de rabia organizada» , donde se juntan personas que «solo tienen dentro furia que necesitaban sacar fuera». En momentos en los que temieron el desalojo, los «antifascistas» salieron en apoyo de La Traba. «No podemos dejar que nos arrebaten esos espacios que tanto nos ha conseguido liberar y construir».

La Coordinadora Antifascista de Madrid ha salido en apoyo de otro centro «cañero», La Casika, cada vez que ha sobrevolado por su azotea la amenaza del desalojo. Está ubicado en Móstoles. No es casual. Desde La Casika se exige la puesta en libertad de los arrestados el 22-M: «Ninguna agresión sin respuesta».

En varios de estos centros se ha respaldado también a los procesados por el asedio al Parlamento Catalán. «Yo también estaba allí», ha sido una de las consignas en la campaña de autoinculpación. Estos locales han sido utilizados también para prestar asistencia letrada a los detenidos en los disturbios o para abonarles la fianza a través de una «caja de resistencia».