Expertos en Derecho Constitucional rechazan el «derecho a decidir» al que se agarra Mas
Artur Mas, fotografiado en el Parlamento catalán - afp

Expertos en Derecho Constitucional rechazan el «derecho a decidir» al que se agarra Mas

La Generalitat acusa al TC de ser un órgano politizado y quiere usar la sentencia contra la declaración soberanista a su favor

jaime g. mora
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La tregua duró dos días. La muerte de Adolfo Suárez unió a los partidos políticos en torno al consenso que tan bien encarnó el presidente que pilotó la transición de la dictadura a la democracia. Solo Artur Mas desentonó al instrumentalizar a Suárez para criticar el «inmovilismo» del Gobierno justo después de visitar la capilla ardiente del expresidente. Apenas 24 horas después, el Tribunal Constitucional (TC) hacía pública una sentencia que tumbaba la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. El luto por Suárez iba a durar tres días, pero la tregua solo duró dos.

La Generalitat, por medio de su portavoz, calificó de «despropósito» el fallo del TC. «Que nos nieguen ser sujeto soberano era lo previsible», declaró Francesc Homs en la tarde del martes, agarrándose al «derecho a decidir», la segunda pata del fallo del Pleno. La primera, que no gusta nada a los nacionalistas, deja claro que Cataluña no tiene la competencia para convocar unilateralmente un referéndum. El segundo elemento de la sentencia viene a avalar el «derecho a decidir» como una aspiración política, y de eso sí que quiere hablar el Gobierno catalán. Es el «solo haré caso» de Mas.

El presidente de la Generalitat acusó en la sesión de control del pasado miércoles al TC de ser un órgano politizado y estar «al servicio» de unos pocos y no de todos. «Haré caso de una frase que dice el TC: “Cabe pues una interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña”», dijo Mas, y se remitió a la consulta del 9 de noviembre. En Madrid la música suena diferente. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, cree que la sentencia «no deja de ser una tercera vía», una «invitación a la política» para que Gobierno y Generalitat se sienten a hablar.

La interpretación que hacen los líderes políticos de Cataluña no coincide con la opinión de los expertos en Derechos Constitucional. Varios estudiosos, todos ellos consultados por la agencia Europa Press, ven lógica la decisión del TC: el «derecho a decidir» ya lo ejercen los catalanes en múltiples cuestiones, y siempre con la Carta Magna como límite.

Según Ángel Sanz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, explica que el TC entiende el «derecho a decidir» como una «aspiración como programa político», que no transgrede la ley. Cataluña tiene margen para «decidir sobre muchas cosas», pero es un error pensar que la autonomía puede elegir si sigue formando parte de España o no. Eso le corresponde al pueblo español en su conjunto, propietario de la soberanía nacional.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, incide en que la declaración aprobada por el Parlamento catalán «no dice nada acerca de lo que se va a decidir», y por ello el TC no se pronuncia sobre «lo que no se ha dicho». El fallo judicial recalca que el «derecho a decidir» debe estar siempre «dentro del marco constitucional», según Gómez.

María Isabel Álvarez Vélez, de la Universidad Pontificia de Comillas, argumenta que el «derecho a decidir» debe «entenderse no como democracia, sino como respeto a la ley». El límite es la Constitución. El acierto del TC, a juicio de esta profesora de Derecho Constitucional, es destacar que la Carta Magna es «modificable».

Rafael de Agapito, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, también ve posible cambiar las reglas del juego, siempre y cuando participen todos los ciudadanos. La consulta soñada por Mas es «ilegal» de acuerdo con el ordenamiento jurídico actual. Josep Maria Reniu, de la Universidad de Barcelona, señala que el «derecho a decidir» queda «mediatizado» por los artículos de la norma suprema, según la cual la soberanía nacional reside en el pueblo español. Esto es, que esa referencia del TC «no tiene mayor relevancia política que la que pueda tener un proceso de negociación» entre el Gobierno de la nación y la Generalitat.

Artur Mas no quiere saber de argumentos jurídicos y ya pone el foco en el debate del próximo 8 de abril: el Congreso debatirá –y tumbará– la petición de CiU, ERC e ICV de transferir a los catalanes la competencia para celebrar referendos. El presidente de la Generalitat, que no defenderá su propuesta en la Cámara Baja porque sabe que fracasará, utilizará entonces la ley de consultas, que se tramita ahora en el Parlamento de Cataluña.

La idea del presidente catalán, como adelantó este diario, es agotar los plazos para dejar al Gobierno sin margen de actuación antes de la consulta del 9 de noviembre. Los próximos pasos tendrán forma de recursos al Tribunal Constitucional. Nada que no esperen los ejecutivos que presiden Mas y Rajoy. Si el referendo finalmente no se produce, el presidente catalán adelantará otra vez las elecciones para plantear un plebiscito sobre la independencia. ¿Y después? La tercera vía de Duran no contempla ese escenario.