González-Trevijano: «La lealtad institucional implica acatar y respetar las resoluciones judiciales»

Apenas unas horas después de este histórico pronunciamiento, Pedro González-Trevijano, uno de los doce Magistrados que conforman el Tribunal y a la vez uno de los tres que el Parlamento catalán quería recusar, desgrana para ABC las principales líneas de la sentencia.

-¿Cuáles son los puntos clave de la sentencia?

-En primer lugar, el Tribunal Constitucional considera que la Resolución, sin perjuicio de su marcado carácter político, también produce efectos jurídicos. Respecto a la afirmación de que «El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano», entiende que es inconstitucional, pues choca con la atribución de la soberanía nacional al pueblo español en su conjunto (artículo 1.2 de la CE) y con la indisoluble unidad de la Nación Española (artículo 2 de la CE). En tercer término, que una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación.

-¿Qué consecuencia práctica tiene este fallo?

-La consecuencia jurídica es la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la consideración del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano, y la paralela afirmación de que la aspiración política «a decidir» no es inconstitucional, en tanto que aspiración política, pero hay que articularla jurídicamente dentro de los cauces previstos en la Constitución. Las posibles consecuencias prácticas ya no forman parte de la sentencia, ni tampoco las establece. La labor del Tribunal es el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las disposiciones normativas y actos.

-¿Se puede decir que desde hoy el Gobierno cuenta con una herramienta más para frenar el desafío independentista?

-Los Magistrados no forman parte de ningún Gobierno ni nos dedicamos al ejercicio de la actividad política. En consecuencia, no puedo ni debo entrar a hacer ninguna valoración.

-¿Con esta resolución podría seguir adelante Artur Mas con sus planes para celebrar la consulta que pretende?

-Le tengo que contestar lo mismo que cuando hablaba del Gobierno de España. La sentencia delimita el marco jurídico y, en su caso, la vía constitucional para su hipotética reforma.

-¿Qué implicaría entonces el incumplimiento de esta sentencia?

-Ese es un supuesto futurible, y que incide en el ámbito de lo fáctico. Dada mi condición de Magistrado, ni puedo, ni debo manifestarme. Ahora bien, en un régimen constitucional que se asienta en un Estado de Derecho (artículo 1. 1 CE), las relaciones entre los poderes del Estado deben estar presididas por la lealtad institucional y la colaboración recíproca; lo que implica el acatamiento y respeto a las resoluciones judiciales. Así lo prescribe la Constitución: «Es obligado cumplir las sentencias y resoluciones judiciales firmes» (artículo 118), como en este caso, donde tienen «valor de cosa juzgada» (artículo 164.1). No hay que olvidar que el Tribunal, como decía su presidente Tomás y Valiente, «resuelve asuntos políticos, pero con criterios jurídicos».

-¿Cómo valora que se haya dictado esta sentencia por unanimidad?

-La unanimidad, o en su caso, el respaldo de las sentencias por un amplia mayoría, es lo deseable, pero no siempre es posible cuando, defendiéndose posturas distintas, no es factible alcanzar acuerdos totales. En esta ocasión, los magistrados éramos conscientes, dejando de lado la perversa e irreal distinción entre «conservadores» y «progresistas», de la importancia de la sentencia y de realizar todos los esfuerzos para llegar al mayor de los acuerdos. Y así se aprobó por la totalidad del Pleno, dando por bueno, tras su deliberación, el texto de una Comisión (coordinada por el Presidente Pérez de los Cobos y con la participación de los magistrados Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y yo mismo) realizado durante cinco semanas, y tras estudiar cinco borradores.

-¿Qué implica que sí se hayan considerado constitucionales las referencias al «derecho a decidir»?

-El derecho a decidir puede ser entendido como una aspiración política, disociada de la atribución de soberanía, cuya inconstitucionalidad se declara, y del derecho a la autodeterminación, no reconocido constitucionalmente. En ese entendimiento, como la Constitución no tiene cláusulas de intangibilidad, ni impone una adhesión positiva a sus valores y principios, tienen cabida cuantas ideas quieran defenderse, siempre que se canalicen, inexcusablemente, a través del marco establecido para su reforma.

-¿Qué le parecen las acusaciones al TC de «catalanofobia» que se han escuchado en las últimas horas por parte de varios dirigentes políticos?

-Yo, desde luego, no me doy por concernido. He veraneado en la Costa Brava, voy a Barcelona frecuentemente y tengo excelentes amigos en Barcelona. Las personas podemos esgrimir opiniones diversas, pero eso no implica una animadversión hacia nadie, ni hacia nada. Las personas que me conocen, saben que soy y me considero una persona liberal, que cree, como decía Ortega y Gasset, en el respeto a las opiniones ajenas y en la necesidad de buscar acuerdos en la discrepancia. Durante mis años de Rector de la Universidad Rey Juan Carlos impulse personalmente, por ejemplo, unos seminarios de verano sobre los asuntos más candentes de la actualidad, dirigidos por un buen político y amigo, Xordi Sucla (CiU), con presencia del expresidente Jordi Pujol, en varias ocasiones, y también del presidente Artur Mas.