Montoro defiende el concierto vasco y niega que se trate de un privilegio

El ministro ha destacado el consenso alcanzado entre el Estado, las diputaciones forales y el Gobierno vasco en esta reforma, ante la que ha prevenido: «Debemos rechazar que sea entendida por nadie como un privilegio». De paso, ha aprovechado para hacer un canto al acuerdo logrado entre fuerzas políticas tan dispares, ha recordado, y para lanzar un duro reproche a las decisiones unilaterales que lo hacen imposible, en una velada referencia a Cataluña.

«El consenso no es posible buscarlo a cualquier precio, sino que, como en la Transición, ha de ser expresión de la apuesta por el bien general, por el bien común, con sentido de Estado y con profundo respeto a las leyes que rigen nuestro comportamiento. Cuando se actúa desde la imposición desde las acciones unilaterales, desbordando el marco constitucional, cualquier apelación al acuerdo aparece realmente estéril», han sido las palabras de Montoro.

La actualización del concierto vasco, que lo adapta a los cambios tributarios como ya se hizo en 2007, será aprobada hoy en el Parlamento por el procedimiento de lectura única, lo que –como ha subrayado el diputado del PNV Pedro Azpiazu—da a los partidos posibilidad de votar a favor o en contra, pero no de alterar lo acordado ni incorporar alternativas.

Tendrá el respaldo de CiU, cuyo diputado Josep Sánchez Llibre ha avanzado el habitual apoyo de su Grupo recordando que lo que consagra esta ley es precisamente «la bilateralidad» que reclama Cataluña y que incluye aspectos como la recaudación del cien por cien de los impuestos que se pagan en el País Vasco o la existencia de una agencia tributaria propia.

La reforma ha recabado la ya conocida oposición de UPyD, que ha denunciado justamente que el concierto vasco «alimenta sentimientos secesionistas en Cataluña y otras Comunidades». Lo ha definido como «un sistema fiscal puramente territorial heredado del antiguo régimen», que a juicio del diputado Carlos Martínez Gorriarán, no ayuda en absoluto a mantener las aspiraciones de «equidad e igualdad» que exige el funcionamiento democrático.

El PSOE ha avanzado su voto a favor, junto a lo que el parlamentario Eduardo Madina ha pedido que se resuelvan las diferencias entre administraciones sobre la liquidación de cupos pendientes, que a su juicio pueden llegar aponer en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones autónomas vascas.

Desde la Izquierda Plural, Ricardo Sixto ha anunciado también que apoyarán esta reforma que llega al Congreso precedida por el consenso, aunque ha expresado reticencias dudando de que el concierto «sea el mejor sistema posible».

El acuerdo permitirá al Gobierno vasco ingresar unos 70 millones de euros con el traspaso de siete tributos estatales, según cálculos del propio Ejecutivo de Íñigo Urkullu. El Estado y las instituciones vascas acordaron el traspaso del Impuesto sobre Actividades de Juego y el gravamen sobre los premios de lotería, así como el impuesto sobre depósitos bancarios, que por el momento tiene un tipo cero.

Además, el País Vasco recibe un paquete de impuestos verdes como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas y el impuesto sobre gases fluorados. El acuerdo también incluye el intercambio de información y saldos del tipo autonómico de hidrocarburos, para adecuarse a la nueva estructura del impuesto (del año 2013), así como información también para el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, para cumplir la normativa de supervisión presupuestaria de la Unión Europea.