Gallardón elude regular el derecho de huelga de los jueces

Sin embargo, y pese a que esta reforma (la número 43 en estos últimos treinta años), ha sido uno de los anuncios estrella del ministro, el hecho de que se adelantara al pasado año la parte que regulaba el nuevo Consejo General del Poder Judicial, así como la tramitación, por separado, de la ley de demarcación y planta, deja el texto de Gallardón algo descafeinado. Y ello porque esta última ley es la que, en definitiva, va a modificar por completo el mapa judicial en España y el modelo de organización de la Administración de Justicia.

No es extraño, por tanto, que con las elecciones a la vuelta de la esquina (las autonómicas y municipales en primavera de 2015, y las generales, previsiblemente, en otoño de ese año), el Gobierno quiera evitar a toda costa un enfrentamiento con ayuntamientos y comunidades autónomas. La polémica está servida desde el momento en que el Ministerio de Justicia pretende convertir la capital de provincia en epicentro judicial en detrimento de localidades que son cabecera de partidos judiciales.

De momento, el anteproyecto crea solo los tribunales de instancia, en torno a los que se articula este nuevo modelo judicial. Se establecen, por tanto, los cimientos para esa reforma estructural que es probable que ni siquiera llegue a ver la luz en esta legislatura.

Como en las anteriores modificaciones de la ley por la que se rige el tercer poder del Estado, según ha podido saber ABC, Gallardón ha eludido también regular el derecho de huelga de los jueces, así como limitar su libertad de expresión, cuestión esta última que sí propuso la comisión de expertos a la que el Consejo de Ministros encomendó la elaboración del borrador sobre el que ha trabajado Justicia.

Ese texto señalaba en su artículo 45 que «los jueces y las asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquellos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados».

Por contra, el anteproyecto sí contemplará que el amparo del CGPJ a los jueces que se sientan perturbados sea algo más que una mera declaración: el Consejo podrá ordenar el cese de la conducta perturbadora en cuestión, y el incumplimiento de esta orden constituirá un delito contra la Administración de Justicia. No se menciona en este punto a los medios de comunicación, lo que sí hace el borrador del nuevo Código Procesal Penal cuando prevé que el juez de garantías pueda requerir a un medio el cese de la publicación de informaciones que «comprometen gravemente el derecho a un proceso justo».