Las víctimas ven delito en la marcha batasuna que unió a PNV y Sortu

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, se mostró convencida de que el juez Moreno «ha sido el único que se ha creído que no había relación» entre la manifestación que se llevó a cabo y la prohibida por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que estaba organizada por la plataforma Tantaz tanta (Gota a gota). «Todo el mundo sabía que la marcha sustituía a la prohibida», señaló Pedraza, quien destacó que «el PNV ha dado la cara» y ha ido «mano a mano» con la izquierda abertzale a la manifestación.

Pedraza enmarcó la marcha de Bilbao dentro de la estrategia de la banda terrorista ETA para «presionar» al Gobierno y a todos los españoles con el objetivo de conseguir la independencia del País Vasco. Pedraza anunció que las víctimas del terrorismo están estudiando la convocatoria de movilizaciones al considerar que «ETA está más fuerte que nunca». Asimismo, exigió al Gobierno que pida la ilegalización de Sortu, Amaiur y Bildu, al tiempo que avisó de que la banda terrorista puede volver a matar.

Responsabilidad de Interior

Por su parte, la Apavt, asociación que tomará hoy la iniciativa de solicitar los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre la manifestación de Bilbao, pretende pedir responsabilidades al Ministerio del Interior, del que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por desconocer quiénes eran los convocantes de la marcha, tras años de trabajo para combatir el terrorismo.

«Esta manifestación se hace todos los años y siempre acaba igual, enalteciendo a los terroristas, con carteles a favor de los presos de ETA y pidiendo la independencia del País Vasco», explicó Miguel Folguera, portavoz de la asociación. En su opinión, es «muy grave» que haya informes policiales diciendo que no iba a haber actos de enaltecimiento del terrorismo, cuando ayer volvió a ocurrir, dijo.

Folguera remarcó que las víctimas del terrorismo se movilizarán para exigir al Gobierno y a la Audiencia Nacional un cambio de la política antiterrorista. Sobre este asunto se pronunció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz , quien, desde Jerusalén, avisó que la política penitenciaria del Gobierno «no va a cambiar por una o dos manifestaciones» y defendió la política de dispersión de presos. «Si ETA quiere que esta política de dispersión acabe lo que tiene que hacer es disolverse, ya que el Gobierno español la aplica a toda organización terrorista» sea cual sea su naturaleza, dijo.

Dignidad y Justicia, la tercera de las asociaciones de víctimas que pidió la prohibición de la manifestación, ha anunciado que «estudiará a fondo» si, al posibilitar la celebración de la marcha a favor de los presos, se ha desobedecido el auto de suspensión de actividades de Herrira que justificó la prohibición de la manifestación original. Si se hubiera vulnerado este auto se habría cometido un delito de desobediencia, advierte la asociación de Daniel Portero en un comunicado.

DyJ tildó de «muy decepcionante» la decisión de Ismael Moreno de autorizar la marcha y aseguró que el auto tiene un tinte «absolutamente político», pues «no se ajusta a la realidad judicial marcada por el auto de suspensión de actividades» dictado por Velasco «y por los informes aportados». En este sentido, Portero cree que el juez Ismael Moreno ha podido cometer un delito de prevaricación (al haber permitido una manifestación ilegal) y no descartan querellarse contra él.