El Congreso aprueba definitivamente la reforma local que entrará en vigor en 2015

La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local fue defendida por el portavoz del PP , Rafael Merino , que ha destacado que «la mayoría» de las autonomías y «miles» de ayuntamientos la han apoyado, porque la reforma es «necesaria y urgente».

El diputado popular señaló que esta reforma otorga más garantías al municipalismo; negando que reste competencias a los ayuntamientos, que pueden solicitar la colaboración de la diputación para mejorar los servicios , de los que se sabrá su coste efectivo; y respeta los regímenes específicos del mundo local.

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE, Gaspar Zarrías , calificó el proyecto de «error garrafal», que ayudará a privatizar y desmantelar servicios que son «patrimonio común» de todos, por lo que están « aterrados» , recordando que su partido presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional.

Zarrías animó al resto de grupos parlamentarios que se oponen a la reforma local a trabajar juntos para elaborar el recurso , así como a las comunidades autónomas y ayuntamientos

El portavoz de CiU, Carles Páramo , considera un « atentado» al Estatuto de Cataluña , lamentando que no se haya aprovechado esta reforma para actualizar la actual ley de bases, pero «sin traicionar» su espíritu y la racionalidad de unas instituciones «ricas en historia», que han contribuido al «engrandecimiento de España» y de su democracia.

Tras afirmar que es «un día triste en la historia del municipalismo , ha indicado que supone una falta de respeto a la diversidad del estado plurinacional y que ni los alcaldes del PP la van a suscribir como propia.

Encarece servicios públicos

Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, insistió en que centraliza competencias, fomenta la privatización y encarece los servicios públicos, además de poner en peligro a las entidades locales menores y reforzar a las diputaciones, que deberían haber sido eliminadas.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez , subraó que la ley «no está a la altura de las necesidades del país; está hecha para mantener los chiringuitos» y no resuelve los problemas de la administración local, sino que los agrava, al quitar competencias a las instituciones elegidas por los ciudadanos y dárselas a las diputaciones.

Díez recordó que las competencias de urbanismo siguen en «manos municipales», a pesar de los numerosos procesos de corrupción , así como que la mayor parte de la financiación local proviene de actividades ligadas al suelo.

Defensa del acuerdo

El portavoz del PNV , Aitor Esteban, defendió el acuerdo alcanzado con el PP para que la ley respete el marco normativo del País Vasco y de Navarra y reconoció que es difícil legislar sobre el asunto debido a la variedad de entidades locales, tamaño o recursos.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, justificó su apoyo a la ley por tratarse de un referente constitucional, que modifica leyes troncales, y aludió al «auténtico abismo» entre el primer borrador y el texto actual, que recoge sus propuestas para preservar el régimen foral.

Desde el Foro de Asturias, Enrique Álvarez Sostres, reconoció cambios, pero no suficientes para apoyarla, porque sigue siendo excluyente, especialmente con los ayuntamientos menores de 500 habitantes.

Joan Baldoví, de Compromis, calificó de «inútil» la norma, al no abordar los «verdaderos problemas» de las corporaciones locales, como la financiación y la « delimitación realista» de las competencias.

Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), señaló que «al grito» de que se van a ahorrar 8.000 millones, el Gobierno « está metiendo mano» a «la única institución en al que creen los ciudadanos» y precisó que se olvidan del hecho insular.

Recentralización

Olaia Fernández, del BNG, vinculó la norma con «los deberes impuestos» por la troika comunitaria; augurando que no se va a aplicar y criticó la «obsesión recentralizadora» del Gobierno.

La diputada de ERC, Teresa Jordá , dijo que en Cataluña no se va a aplicar, insistiendo en que no contempla las especificidades de la autonomía local que tiene su Estatuto; no resuelve los problemas de financiación, «recorta la democracia y aleja el poder de la ciudadanía».

Desde Amaiur , Onitza Enbeitia, consideró que «cientos de ayuntamientos» se quedarán sin competencias, ni capacidad de decisión y con sus servicios privatizados y dudó de que el acuerdo entre el PP y el PNV vaya a mitigar su efecto en las corporaciones municipales forales.