Castro, a punto de imputar a la Infanta aunque no vaya a juicio

Uno de los abogados de la Duquesa de Palma, Jesús Silva, admitió ayer que la imputación «es una posibilidad; la instrucción prosigue y se trata de que el juez cumpla con su deber». Añadió que si eso se produce, «actuaríamos en consecuencia».

Las fuentes consultadas por ABC destacan que este nuevo movimiento de Castro, que se espera en la primera quincena de noviembre, es sorprendente por el hecho de que sabe, o al menos intuye, que ni el fiscal Anticorrupción ni las acusaciones particulares ejercidas por los gobiernos balear y valenciano van a formular acusación contra la Infanta si no aparecen datos nuevos y contundentes.

Desde enero en el juzgado

Las mismas fuentes destacan que todas las informaciones que han aparecido las últimas semanas, entre otras que Doña Cristina utilizó fondos de Aizoon para gastos particulares, o que junto con su marido «alquiló» la vivienda a la sociedad que ambos compartían, ya eran conocidas. En concreto, la última cuestión, presentada como la «prueba definitiva» contra la Duquesa de Palma, aparece en el anexo del informe de la Agencia Tributaria que llegó al juzgado en enero. «No modifica nada», sostienen las fuentes.

En el caso más que probable de que ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares formulen acusación contra la Infanta, en ningún caso ésta se sentará en el banquillo, tanto en virtud de la conocida como doctrina Botín o, en su caso, la llamada doctrina Atutxa. La primera establece que no cabe abrir juicio oral a los acusados de un delito si solo acusa la acción popular, y tanto el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan el sobreseimiento. Y la segunda, que matiza a la anterior, afirma que si el fiscal solicita el sobreseimiento y no hay o no cabe la posibilidad de que exista acusación particular –en este caso obviamente no es así– aunque solo lo inste la acción popular sí seguiría adelante el proceso.

El segundo aspecto sorprendente de la posible imputación de la Infanta sería el propio motivo de la misma. Resulta prácticamente imposible que sea por delito fiscal, después de que la Agencia Tributaria haya sido taxativa en este punto. Todas las fuentes consultadas afirman que acusar con el informe en contra de Hacienda es técnicamente insostenible.

Quedaría por tanto la posibilidad de imputar a Doña Cristina por blanqueo de dinero. De nuevo, según las fuentes, hay dificultades técnicas, en especial a la hora de encontrar el «delito antecedente»; es decir, aquel del que se habría servido para obtener dinero de forma ilícita y que luego lavó. La Audiencia de Palma ya ha descartado que hubiera tráfico de influencias –afirmó que la Infanta no conocía las actividades de su marido–, y ella no ha cometido delito fiscal alguno.

El dinero que habría blanqueado, por tanto, sería el obtenido ilegalmente por Urdangarín –ella desconocía que lo fuera–, el procedente del delito fiscal que sí se imputa a éste o del que se benefició por el delito fiscal cometido por Aizoon, la sociedad que compartían. Pero la Infanta, según la Agencia Tributaria y la propia investigación, no tenía papel alguno en esa firma.