Un sector del PSOE plantea boicotear la negociación con el PP para renovar el CGPJ

Los 55 candidatos procedentes de la carrera judicial (entre los que se encuentran ocho magistrados del Tribunal Supremo) ya han pasado el filtro de la Junta Electoral, pero en el PSOE no todos están de acuerdo en hablar con el PP sobre los nombres de los doce miembros de la magistratura y de los ocho juristas que formarán parte del nuevo Consejo de mayoría conservadora. Fuentes próximas al Grupo Parlamentario Socialista reconocen que en el partido hay un sector que opina que la ruptura de relaciones anunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba hay que extrapolarla a todos los asuntos, por lo que esta renovación no puede ser ajena al desplante. No obstante, el pasado lunes, el líder de la oposición matizó que tal ruptura era con el Gobierno, no con los grupos parlamentarios. Esta declaración, sumada a la de la portavoz socialista Soraya Rodríguez, para quien el diálogo es «difícil», pero no imposible, hace presagiar que con toda probabilidad los socialistas no se quedarán fuera de la renovación.

Los que quieren boicotear cualquier contacto con el PP argumentan que mientras Mariano Rajoy siga «ninguneando» al Parlamento con el caso Bárcenas (consideran insuficiente la comparecencia del 1 de agosto), no hay nada que hablar con ellos, más sobre un asunto que beneficia a los intereses de los populares, que tendrán mayoría en el próximo Consejo con o sin negociación.

Por contra, otro sector del PSOE opina que el partido no puede quedarse fuera de un órgano que durante los próximos años tendrá que tomar decisiones de gran calado que pueden afectar no ya al caso Bárcenas, sino también al de los ERE , al que está vinculado, de momento solo políticamente, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. No en vano, en los próximos cinco años el nuevo Consejo tendrá que nombrar a 36 magistrados del Tribunal Supremo y 17 presidentes de tribunales superiores de justicia y otros 52 de audiencias provinciales, según confirmaron fuentes del propio órgano. Estos nombramientos «van a cambiar por completo el actual mapa judicial», dicen, y ponen como ejemplo la modificación que se va a producir en la composición de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía, la misma que promovió los refuerzos para el juzgado que instruye el caso de los ERE.

Los partidarios de abrir la negociación temen además que el Gobierno lleve a la práctica la renovación parcial del CGPJ , algo que legalmente podría hacer tras la reforma promovida por Gallardón y aprobada por las Cortes el pasado mes de junio.

El PP, fuerte en el Senado

Esta modificación señala que si el día de la sesión consultiva del nuevo Consejo alguna de las Cámaras no hubiera procedido a la elección de los vocales que les corresponden, se constituiría el CGPJ con los diez vocales designados por la otra Cámara y con los vocales salientes que hubiesen sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación. Esto implica que el PP por sí solo podría sacar adelante el nombramiento de los diez vocales que corresponden al Senado (seis jueces y cuatro juristas), pues en la Cámara Alta tiene la mayoría cualificada que requiere la configuración del CGPJ. No obstante, en el PSOE son muchos los que ven improbable que el Ejecutivo se atreva a dar este paso después de lo que se ha cuestionado su reforma del Poder Judicial, una ley sobre la que el portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, anunció un recurso de inconstitucionalidad nada más ser aprobada. «La legitimidad del CGPJ estaría doblemente cuestionada», arguyen.

El PP, por su parte, ya ha mostrado disposición a que esta renovación se lleve a cabo con el mayor consenso posible, según manifestó el pasado agosto el secretario de Estado de Justicia Fernando Román, por una cuestión de responsabilidad institucional.

El PP es consciente de que su mayoría en ambas Cámaras le garantiza un número de vocales suficiente como para sacar adelante asuntos sometidos a votación en el Pleno del Consejo. Y ello porque una de las novedades de la reforma es que bastará la mayoría simple para la toma de decisiones, es decir, once vocales frente a los trece necesarios en el CGPJ actual. El Gobierno justificó esta modificación en la necesidad de evitar el «bloqueo» que ha llevado a retrasar nombramientos durante años.

Por este motivo, distintas fuentes coinciden en hacer hincapié que en esta renovación son «más importantes los números que los nombres»: «Si la negociación finalmente se produce, el número de vocales va a ser el verdadero caballo de batalla», dicen fuentes próximas al PSOE. Y es que para iniciar ese diálogo con el PP los interlocutores deberían tener al menos la opción de aspirar a un número de consejeros que les permita algún margen de maniobra en la toma de decisiones en el CGPJ, dicen.

Fuentes parlamentarias estiman que el melón de esta negociación en cualquier caso no se abrirá hasta la primera quincena de octubre. De momento, las Cámaras tendrán en sus manos esta semana la lista de los 55 candidatos de procedencia judicial desglosados ya en las categorías que, por primera vez, regula la ley de reforma del CGPJ. Así, la designación de los doce vocales del turno judicial deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados ejercientes.