Las esclavas sexuales tendrán asistencia jurídica gratuita
Agentes de la Policía proceden a precintar un club de alterne en el polígono Store de Sevilla este ems de julio - efe

Las esclavas sexuales tendrán asistencia jurídica gratuita

El Consejo de Ministros aprueba hoy el Plan contra la trata de seres humanos

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Mujeres y niñas; extranjeras y pobres. Son las víctimas mayoritarias de los traficantes de personas con fines de explotación sexual. De ahí que una de las medidas fundamentales que hoy aprobará el Consejo de Ministros como parte del Plan Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual sea la asistencia jurídica gratuita para estas personas. No importa el nivel de ingresos, una vez que se ha constatado que más del 90 por ciento carece de cualquier recurso.

La Delegación del Gobierno para la violencia de género ha elaborado un informe referido a 2012, el último año de vigencia del plan (era de cuatro) que se prorroga con nuevas medidas, una vez cumplidos los objetivos. En diciembre se aprobará el nuevo Plan vigente para los cuatro próximos años.

En este informe, al que ha tenido acceso ABC, se recoge una profunda radiografía de las víctimas y de las actuaciones llevadas a cabo. El 92 por ciento de las personas en riesgo se encuentran en situación regular, según las inspecciones llevadas a cabo por la Policía; la mayoría «viven» en clubes de alterne y se han detectado a un total de 12.305 víctimas potenciales, casi todas mujeres.

Más de 500 detenidos

El CNP actuó el año pasado contra 9 organizaciones criminales y 31 grupos criminales, vinculados a la trata o relacionados con la explotación sexual y hubo 566 detenidos por estos hechos. Casi la mitad de arrestados por trata eran rumanos, seguidos por un 23 por ciento de españoles y un 10 por ciento de nigerianos. En cambio, son mayoría los proxenetas españoles (46 por ciento), seguidos por chinos y rumanos.

El perfil de las víctimas de trata corresponde a una mujer de entre 18 y 22 años, en situación irregular, que procede mayoritariamente de Rumanía y Paraguay y en tercer lugar de Brasil. Los agentes lograron identificar a 976 víctimas (125 de trata y 851 de explotación sexual); de ellas 21 eran menores (15 obligadas a ejercer la prostitución).

Otra de las patas de intervención fueron las actuaciones judiciales, con 650 investigados y 406 víctimas. Las nacionalidades coinciden con las ya citadas. Hubo 23 escritos de acusación por los dos delitos mencionados, pero solo dos sentencias condenatorias aún.

Cuando se identifica a una víctima en situación irregular se le ofrece protección. De las 976 identificadas, 377 estaban en esa situación. Tras el periodo «de restablecimiento y reflexión» solo 81 aceptaron acogerse a ese periodo. Se denegaron 11 peticiones; además se concedieron 66 autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

Con respecto a la asistencia para estas mujeres, el Ministerio de Sanidad subvencionó a 40 ONG especializadas en esta asistencia, que pusieron a disposición de las víctimas y de sus hijos tanto alojamiento en pisos y centros de acogida, como otros recursos (atención ambulatoria, unidades móviles y líneas telefónicas).

En total la Administración General del Estado destinó 4,9 millones de euros el año pasado a la ejecución de las medidas del plan, incluida una importante partida para formar y especializar a profesionales, sobre todo miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.