La Audiencia Nacional cree que la Ley de tasas judiciales puede ser inconstitucional

La Sala no cuestiona la constitucionalidad de la imposición de una tasa, pero dentro de ciertos límites. Aunque la finalidad de la ley es lícita (sufragar el coste de la Administración) las consecuencias del impedimento del pago si pueden tener «características obstaculizadoras» .

Los magistrados explican que no se tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido, financiar el servicio público de la Administración de Justicia) y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia.

Asimismo, la Sala recuerda la doctrina constitucional, que intenta lograr la igualdad material, que trata de conseguir un trato desigual a quien se encuentra en situaciones desiguales, para que de esta forma se alcance la igualdad material, haciendo hincapié en que el legislador no trate a todos los individuos de la misma manera, sino que sea capaz de tratar de forma diferente aquellas situaciones que son distintas en la vida real.

La cuestión de inconstitucionalidad se plantea una vez que todas las partes han presentado sus alegaciones, tal y como el tribunal acordó el pasado 30 de julio. Oídas las partes (recurrente, Abogacía del Estado y Fiscalía) ahora la Sala plantea la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.