El Gobierno aprobará la ley del aborto en octubre

Más de tres años después de que el PP interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra ocho preceptos de la ley de la ministra Bibiana Aído, el Ejecutivo ha decidido adelantarse al fallo del Tribunal Constitucional y convertir esta reforma, junto con el objetivo de la creación de empleo, en una de sus prioridades en esta segunda parte de la legislatura. A la vez, se trata de una de las principales apuestas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, desde que aterrizó en el Gobierno de Rajoy y uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha provocado en el seno del Ejecutivo por su enorme carga ideológica. Prueba de ello es que desde el primer anuncio de la reforma de la ley ha pasado ya un año y cuatro intentos de Gallardón (con sus consiguientes paralizaciones) de llevarla al Consejo de Ministros.

Sin deliberación en el TC

Sin embargo, parece que el Gobierno ya es consciente de que el paso del tiempo no hará que este asunto deje de ser espinoso, igual que también asume que esta nueva ley no contentará a todos: los proabortistas la considerarán un paso atrás , y la Conferencia Episcopal y grupos provida no aplaudirán la interrupción del embarazo sea cual sea el supuesto en el que se encuentre la mujer.

Además, no hay trazas de que el Tribunal Constitucional, ahora de mayoría conservadora, se pronuncie a corto plazo sobre la ley Aído. Abordar el aborto no fue una de las prioridades del anterior presidente del TC, Pascual Sala. Según confirmaron a ABC fuentes del Tribunal, el Pleno del nuevo TC ni siquiera ha empezado a deliberar sobre este asunto , cuya ponencia está en manos del magistrado Andrés Ollero, nombrado a propuesta del Partido Popular.

La nueva normativa, sobre la que todavía habrá que perfilar algunos detalles en los próximos consejos de ministros, partirá de la ley de 1985, en la que una mujer podía interrumpir su embarazo en tres supuestos: violación (dentro de las doce primeras semanas), daño para la vida o salud física o psíquica para la madre, y malformaciones físicas y psíquicas del feto (dentro de las 22 primeras semanas de gestación). Mientras que en los dos primeros apartados no habrá grandes cambios (más allá de una mayor regulación de quién o quiénes tienen que acreditar los daños psicológicos para la madre para que no se convierta en un «coladero»), es en el supuesto de las malformaciones en el que más modificaciones se esperan . Y ello porque el Ejecutivo no va a considerar cualquier malformación del feto susceptible de un aborto, sino solo aquellas que sean incompatibles con la vida. En este sentido se establecerá qué enfermedades lo son, porque lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que no cualquier discapacidad es una malformación.

Vinculado por Naciones Unidas

A diferencia de la ley de 1985, el Gobierno está ahora vinculado por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Nacionales Unidad que España ratificó en abril de 2008. Esta normativa establece que los Estados deben adoptar «todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás». Un informe posterior del comité de seguimiento para el cumplimiento de este texto, remitido a España en octubre de 2011, instó al legislador a suprimir esa distinción por discapacidad en el aborto y pidió al Gobierno que antes del 3 de diciembre de 2015 presente un informe explicando cómo va a dar solución a esa recomendación.

Pero la esencia de la ley del aborto, que no prevé sanciones para la mujer , es el tratamiento que las sentencias del TC de 1985, 1996 y 1997 han dado al «nasciturus», bien jurídico protegido por la Constitución.