El Gobierno multará el «bunkering» con un mínimo de 100.000 euros

El ministro de Agricultura está decidido a acabar con la práctica del «bunkering» en la Bahía de Gibraltar y las aguas de Especial Conservación del Estrecho Oriental y planteará hoy ante el Consejo de Ministros la imposición de sanciones mínimas de 100.000 euros a las gasolineras flotantes y también a aquellas embarcaciones que se aprovisionen de las mismas, según ha sabido ABC. Este fuerte castigo económico formará parte de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que ultima el ministro Miguel Arias Cañete para tipificar como infracción «grave», en grado mínimo, esta peligrosa práctica para el medio ambiente.

Amenaza a Reino Unido

Con este nuevo régimen de sanciones e infracciones el Ejecutivo pondrá fin al vacío existente en la actual legislación, que exige un «daño efectivo», es decir, un vertido para la imposición de multas. El hecho de que una gasolinera flotante se encuentre fondeada está prohibido por suponer un riesgo potencial para el ecosistema pero no tipificado como infracción, tal y como explicó ayer el ministro en la Comisión de Agricultura del Congreso. El Gobierno confía en que este nuevo régimen sancionador disuada a los buques de seguir realizando el «bunkering» , habitual en las aguas gibraltareñas por las exenciones fiscales, pero, en todo caso, Agricultura no cerrará el recurso abierto ante la Comisión Europea. De hecho, el ministro advirtió de que, si no progresa, España acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para demandar por inacción a Reino Unido. Este paso, de ser necesario, se dará «desde la tranquilidad y el diálogo» pero también desde la garantía de que los ecosistemas marinos no pueden ser vulnerados por «actuaciones caprichosas de gobiernos irresponsables», explicó.

Cañete también negó cualquier vinculación entre la empresa Dúcar S.L., de la que ha reconocido poseer un 2,5 por ciento, y el «bunkering». « Esta compañía tiene tanques de combustible en el puerto de Ceuta, en tierra, y su negocio es arrendar capacidad de almacenamiento», ha explicado acusando al Gobierno de Gibraltar de estar «detrás» de las informaciones aparecidas en sentido contrario para intimidarle. La oposición ha criticado su tardanza en sancionar el «bunkering» y ha cuestionado la idoneidad de su relación con una empresa privada.