El sindicalismo andaluz, bajo la lupa judicial

El último capítulo que ha salido a la luz está relacionado con el posible desvío de subvenciones de formación por parte de UGT-A para costear la propaganda de la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía Superior de Andalucía ha dado instrucciones a la unidad adscrita de la Policía Judicial para que investigue el destino de los fondos abonados por la Junta con cargo al Fondo Social Europeo al hallar indicios de responsabilidad penal.

Fuentes judiciales informaron de que el «número dos» de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un decreto firmado el lunes, ha solicitado a la Policía Judicial un informe sobre las presuntas facturas falsas y el desvío de subvenciones para cursos de celadores a gastos derivados de la huelga general. Esas supuestas irregularidades hechas públicas fueron objeto el pasado 14 de agosto de una denuncia penal del sindicato Manos Limpias contra Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT en Andalucía, y su antecesor, Manuel Pastrana, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación.

«Sueldos» en negro

Según la información de que dispone la Fiscalía, UGT desvió fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas, así como para el mantenimiento de los ascensores, aire acondicionado y limpieza de sus sedes. Para conseguir ese desvío de fondos, el sindicato presuntamente pidió a diversos periódicos andaluces, emisoras de radio y empresas de publicidad que falsearan facturas de forma que en ellas no apareciera el verdadero uso dado al dinero. Manos Limpias ha ampliado su denuncia al juzgado para que se investigue también la posible « contratación de menores de 18 años de forma eventual , sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en dinero negro por los servicios prestados a favor de UGT-A» y el «costeo» de la revista que envía a sus afilados «con fondos de cursos para parados» financiados por la UE.

Preguntada por este asunto, la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, se ha limitado a señalar que « le corresponde a UGT poner a disposición de la autoridad judicial lo que se le requiera».

Mientras, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, exigió ayer explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y que abra una investigación sobre la gestión que ha realizado UGT-A de los fondos de formación. «Creemos que es necesaria una explicación del PSOE, y del presidente del partido y hoy todavía presidente de la Junta de Andalucía por la utilización de fondos destinados a la creación de empleo y parados por parte de un sindicato para fines absolutamente espurios, que nada tienen que ver con esa actividad», declaró Hernando en una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP en Madrid.

«Desfases» en las facturas

Hernando insistió en pedir tanto «explicaciones inmediatas» como la apertura de « investigaciones desde la propia Junta » y «aclaraciones de por qué a pesar de que hace ya un año el interventor de la Junta anunció desfases de las facturas que entregaba este sindicato y de las peticiones del Grupo Popular en el Parlamento para que se dieran explicaciones», no se ha hecho.

Asimismo, denunció que la política del PSOE en Andalucía «sigue siendo la que defiende el bipartito, que es la de pasar página, esa que parece que le gusta tanto a Izquierda Unida ».

Por su parte, CCOO-Andalucía vive también su particular via crucis judicial. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha imputado a Esther Azorit, exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta, y a Miguel Ángel Soto, secretario de Finanzas del sindicato, por malversación y falsedad al justificar dos ayudas de 600.000 y 400.000 euros destinadas a riesgos laborales con comidas, viajes de sus militantes a manifestaciones, confección de pancartas y contratación de charangas. Ambos negaron las irregularidades ante el juez y lo atribuyeron a un simple «error contable».