Los nombres propios de los ERE

Mercedes Alaya

Jueza de Instrucción de Sevilla

Con 50 años, se ha convertido en el azote de la corrupción en Andalucía al 'cargar' contra dos instituciones señeras: la Junta de Andalucía y el Betis Balompié, donde investiga los delitos societarios del que fuera todopoderoso mandamás bético Manuel Ruiz de Lopera. Ha puesto de moda la neuralgia del trigémino, una dolencia que la ha tenido seis meses apartada de los juzgados y de la que, a tenor de los gestos de incomodidad que se le han escapado en las escasas ocasiones en que ha dejado su despacho, todavía no se ha recuperado. Quienes la conocen bien la tachan de distante e imparable, y no pocos se preguntan cómo consigue conciliar su trabajo con su vida familiar (tiene cuatro hijos). Otra de sus señas de identidad es su estilismo cuidado e impecable.

Javier Guerrero

Exdirector de Trabajo de la Junta

Locuaz y divertido, sus bromas ante la juez no le han salvado de la cárcel en las dos ocasiones en que se han visto las caras. El que fuera director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008 firmó los expedientes de ayudas con dinero de lo que él mismo denominó «fondo de reptiles». Incluyó a su suegra y vecinos de El Pedroso -de donde fue alcalde entre 1995 y 1999- como 'intrusos' en varios ERE. La localidad recibió además el grueso de las ayudas directas concedidas por la Consejería, casi siempre a conocidos y 'amiguetes', aunque él defiende que todos sus movimientos eran conocidos por los sucesivos consejeros de Empleo. La juez cree que recibió además dádivas por designar sin concurso a las consultoras que tramitaron los ERE, aunque está en bancarrota. Frente a las acusaciones de su chofer, en sus comparecencias ha negado ser «drogadicto» o «putero», ya que solo le gusta «el malboro y el gin tonic». Abandonó la cárcel con una fianza de 50.000 euros tras pasar nueve meses para volver el pasado 19 de marzo, aunque nuevamente abandonó la cárcel el pasado mes de junio, esta vez sin fianza.

Antonio Fernández

Exconsejero andaluz de Empleo

Abogado especializado en Derecho del Trabajo, el responsable de Empleo de 2004 a 2010, era una suerte de 'apagafuegos' laborales de la Junta por su talante y su capacidad para poner de acuerdo a gente con posturas aparentemente irreconciliables. Ejemplo de hombre hecho a sí mismo, empezó de joven en la bodega jerezana González Byass, en la que se prejubiló en una jugosa póliza sufragada por la Junta que finalmente no aceptó. Desde 1983 encadenó cargos públicos en Cádiz, y en 1995 entró en Empleo como viceconsejero. En calidad del gerente del IFA, firmó el convenio marco que amparó las ayudas a empresas cuestionadas en la investigación. Fue encarcelado en la primera tanda de detenciones del caso ERE, en abril de 2012, y salió en libertad cuatro meses después con una fianza de 450.000 euros.

Juan Lanzas

Exsindicalista de UGT

Miembro de UGT hasta 2002, Lanzas actuó como conseguidor para empresas en crisis, a las que ponían en contacto con la Junta para que subvencionara sus prejubilaciones. A cambio, según la juez, de elevadas comisiones de hasta 13 millones, que le permitieron grandes viajes con Guerrero o la adquisición de diversas viviendas. Un negocio que, supuestamente, descubrió a raíz de su participación en el ERE de Cárnica Molina. Él mismo fue incluido como intruso en una empresa textil, al igual que su mujer, y una empresa de su cuñado medió en un ERE de Mercasevilla. Andaba por la Junta «como si fuera su casa», y se vanagloriaba de sus contactos con el PSOE de Jaén, una de las familias socialistas más poderosas en Andalucía. En su casa se encontraron 82.000 euros en metálico, supuestamente para que su familia «pudiera vivir» si él era encarcelado. La Guardia Civil también rastreó con georradar la vivienda de sus padres en un pueblo de Jaén por si había documentos escondidos.

Antonio Albarracín

Exdirector comercial de Vitalia

Abogado, entre 1995 y 2011 fue director comercial de Vitalia, una de las dos entidades mediadoras que tramitaron la mayoría de las pólizas de prejubilación de la Junta, aunque él ha asegurado que su trabajo era más bien de asesoramiento en la empresa. Sin embargo, la juez cree que fue quien pagó mordidas a Guerrero y Lanzas y permitía la inclusión de 'intrusos' en los ERE. Su patrimonio y el de su esposa aumentó espectacularmente en estos años, pasando de cuatro a 16 inmuebles, con dos hipotecas amortizadas. En su declaración, carga toda la responsabilidad de las comisiones en la Junta, por no haberse preocupado de mirar mejores ofertas.

Juan Francisco Trujillo

Exchófer de Guerrero

Durante nueve años fue el chófer de Guerrero. El trabajo pasó a amistad, y siguiendo supuestamente las indicaciones de su jefe, el conductor pudo beneficiarse de 1,3 millones de euros en ayudas a tres empresas ad hoc que nunca tuvieron actividad. Conocido como 'el Ministro' por los vecinos de su pueblo Llanos del Sotillo (Jaén) ante el elevado nivel de vida que llevaba, parte de ese dinero, según dijo, lo gastó en drogas, fiestas y regalos para Francisco Javier Guerrero. Contó también cómo llevó gruesos sobres de dinero de comisiones entre Guerrero y Albarracín.