Una mediadora de los ERE utilizó a un indigente magrebí como testaferro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro del atestado de más de mil páginas que estaba bajo secreto hasta el pasado miércoles, ha puesto ceros al negocio y cifra en 21,35 millones de euros el montante en «sobrecomisiones» presuntamente ilegales que facturó la consultora Vitalia, que gestionó los ERE junto a la mediadora Uniter.

Vitalia, que desvió dinero de los ERE a un entramado de firmas radicadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, República Dominicana o Rumanía, montó una red de testaferros al frente de empresas «pantalla» para ocultar el rastro de los fondos, según los investigadores. Los documentos contables incautados por la Policía autonómica de Cataluña, dentro de las diligencias abiertas por un juzgado de Barcelona relacionadas con la quiebra de Eurobank, reflejan pagos a «hombres de paja» que se prestan a figurar como administradores y a intervenir en determinados actos jurídicos y negocios de forma que quede oculta la actividad de los directivos Eduardo Pascual y María Vaqué. En concreto, figura el abono de 1.000 euros «al indigente de origen árabe Al Mokhtar que en aquella época (desde el 28 de septiembre de 2010) figuraba como administrador de la sociedad Dag Dromen SL». El mendigo ocupó distintos cargos, junto a directivos de Vitalia imputados en el caso en hasta seis sociedades vinculadas a la consultora de previsión social catalana: Primadeco de Servicios y Desarrollos, Free Continental Advisors SL, Dreamhouses Invest SL, Dag Dromen SL, Alternativas Crecientes SL y Inversiones Fafner SL. A través de estas dos últimas el holding de Vitalia facturó comisiones por los servicios de mediación en pólizas, según la UCO.

A pesar de utilizar al indigente como testaferro en empresas dedicadas a actividades tan diversas como la compraventa de inmuebles o la fabricación y alquiler de embarcaciones y aeronaves, los directivos de Vitalia no cumplían con su parte del trato económico. Una de las empleadas de la consultora catalana en Madrid, María Nieves Alonso, relató a la Guardia Civil que «a finales de 2011 se produjo el cambio de administración en Primadeco, pasando a figurar una persona con nombre árabe», recoge el atestado. Según le comentó una compañera de Barcelona, se trataba de «un indigente de origen magrebí que incluso llegó a personarse en las oficinas de Barcelona» para reclamar «sus 1.000 euros y que no firma hasta que se los den», expone la UCO. «Tenía todo el aspecto de un testaferro», aventuró.

El presunto desfalco por las abultadas comisiones derivadas de las pólizas subvencionadas por el Gobierno andaluz ronda los 50 millones de euros, según estima la Guardia Civil. La utilización de empresas ficticias y de testaferros formaba parte del modus operandi de la trama montada alredededor de las «sobrecomisiones» de los ERE. La Guardia Civil señala al exsindicalista de UGT Juan Lanzas, especialista en captar subvenciones para empresas en crisis, como «ideólogo y creador» de un entramado societario que puso a disposición de la consultora Vitalia en 2001 y, posteriormente, del despacho de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís.

El entramado creado en torno a la firma Atrado Mensajería constituía el «centro de lavado de dinero» obtenido ilícitamente con la finalidad de introducirlo en el circuito financiero y distribuirlo después, en sobres llenos de billetes y cheques, entre mediadores, sindicatos y altos cargos de la Junta como el exdirector Francisco Javier Guerrero. Al frente de las empresas «pantalla» figuraban testaferros como Eduardo Leal, Juan Francisco Algarín y su cuñado Ismael Sierra.