El Gobierno anuló la «operación Campamento» por ser «insostenible»

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Ejecutivo ha tenido que darle «una solución económica a la 'operación Campamento' porque no tenía viabilidad económica».

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 17 de mayo un acuerdo por el que autorizaba al Ministerio de Defensa a recuperar la superficie equivalente al 75% de las fincas registrales previamente transmitidas al Ministerio de Fomento en el marco de dicha «Operación Campamento».

Respecto a las cantidades ya entregadas y el mantenimiento de la propiedad de Sepes sobre el 25% de los terrenos no restituidos, queda pendiente de lo que resulte de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1985.

Con ello, se pretendió minimizar los efectos ocasionados por la inviabilidad del convenio firmado el 24 de octubre de 2011 (cuando Sepes adquirió el suelo de Defensa destinado a la construcción de viviendas en las instalaciones de Campamento) tras la sentencia del Tribunal Supremo del año 2012 , que anulaba el planteamiento urbanístico en esta zona.

Como ha venido informando ABC estos días, Chacón hizo de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) una hucha para nutrir políticas estrella en materia de Vivienda. Junto al uso que la exministra de Defensa hizo de este organismo para financiar su Departamento llevando a la entidad casi a la quiebra, prácticamente desde el primer día el Ministerio de Vivienda también decidió cargar a esta rentable sociedad pública el elevado coste de sus políticas para fomentar alquileres sociales que terminaron fracasando.

«Ante una situación insostenible, inmanejable y sin razón de ser, hubo que buscar un acuerdo, entre dos instituciones diferentes de la administración del Estado, para un compromiso que encauzara una operación que no tenía ningún sentido y que ha habido que reordenar, porque hay que gestionar como se debe», ha asegurado este viernes la vicepresidenta, que ha pedido «gestionar bien» los recursos del Estado.

La «operación Campamento» se puso en marcha jurídicamente en 2005, cuando los entonces ministros de Defensa José Bono y Vivienda María Antonia Trujillo firmaron con el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón , un convenio para la construcción en dos fases de hasta 22.100 viviendas en esta zona militar en desuso al oeste de la capital.

El 24 de octubre de 2011 Defensa traspasó al Ministerio de Fomento, a través de Sepes, casi un millón de metros cuadrados de este terreno y se convirtió en titular del 51% de la superficie a construir. Fomento adquirió los terrenos por valor ligeramente superior a los 150 millones de euros y se preveía en una primera fase un total de 10.700 viviendas, de las cuales 7.000 serían protegidas.