Recetas contra la corrupción

Desde el año 2000, y en la quincena de casos más mediáticos, la corrupción se ha cobrado 6.839 millones de euros , que son mil millones más que el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2013. Es un cálculo muy conservador: el dinero que se ha perdido por el sumidero de la corrupción es mucho mayor.

Transparencia Internacional abordó en un seminario el problema de la corrupción. Una nueva ley de partidos, darle más competencias al Tribunal de Cuentas, mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos y la regeneración política son las recetas, según los expertos, para atajar las prácticas irregulares.

Desde 1987, el Tribunal de Cuentas es el encargado de fiscal izar los partidos políticos, una decisión poco acertada, según Felipe García Ortiz, consejero del Tribunal: en la mayoría de los países europeos este contol lo realizan comisiones específicas. García Ortiz reconoció que el TC no está al día de la actividad de los partidos: «No entra en profundidad, no fiscaliza la eficacia administrativa».

¿Cómo se pueden resolver estas disfunciones? Regulando el deber de colaboración del Tribunal de Cuentas con la Agencia Tributaria o precisando la obligación a colaborar de entidades financieras y proveedores, con sus correspondientes sanciones por posibles incumplimientos, propuso García Ortiz.

El ensayista César Molinas abogó por un Tribunal «menos politizado y con menos servidumbres», pues debe fiscalizar no auditar. En esa línea, Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, propuso reducir el número de consejeros a tres y establecer un sistema de contabilidad específico para los partidos.

David Ortega, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, apuntó a las cúpulas directivas de los partidos políticos tradicionales como los principales responsables de la corrupción y de la mala gestión pública. Una nueva ley de partidos debería imponer un control externo a las formaciones porque «son entidades especiales a las que se les ha otorgado el monopolio de la representación política y se financian con fondos públicos», añadió el economista César Molinas. Este nuevo marco regulatorio debería imponer la periodicidad de los congresos, la democracia interna y la transparencia, propuso.

El catedrático Manuel Villoria aportó otras ideas: reforzar las incompatibilidades, establecer un tope de mandatos, potenciar las elecciones primarias y establecer códigos de ética.

El nivel del endeudamiento de los partidos es uno de los aspectos más preocupantes: ¿Qué se hace cuando quiebra un grupo político? Quizá, si su transparencia fuera mayor, no llegarían a esa situación, se comentó. David Ortega abogó por un compromiso mayor de la sociedad civil, que debería manifestarse en un mejor comportamiento de las cuotas de los afiliados.

A juicio de este catedrático, deberían prohibirse las condonaciones de créditos de las entidades financieras. Ahora es posible hacerlo en una cantidad tope de 100.000 euros al año. César Molinas también apuesta por acabar con estos indultos financieros y un paso más: hacer públicos los créditos otorgados a las formaciones políticas.

Manuel Villoria, de la Rey Juan Carlos, propuso además poner topes a los gastos electorales, los del personal y los corrientes. Este catedrático entiende que las empresas que se benefician de licencias o subvenciones públicas deberían tener prohibido efectuar donaciones a los partidos. Y, en último extremo, establecer el delito de financiación ilegal.

Fernando Vallespín, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, propuso reformar el sistema electoral en dos aspectos: aumentar el número de escaños en el Congreso para mejorar la proporcionalidad y un sistema de listas abiertas. Listas abiertas. Una idea que no comparte del todo José Ramón Montero, de la misma universidad: aumentan la rendición de cuentas de los diputados, pero también pueden fomentar la corrupción. La necesidad que tendrían los candidatos de competir con miembros de su mismo partido, además de con los adversarios, lo favorecería.

Es esencial, aportó David Ortega, acabar con la partitocracia. Es decir, no al abuso de poder de los partidos políticos. Eso se concretaría en la despolitización del poder judicial, de los cargos directivos de las administraciones públicas y el fin de la manipulación de los medios de comunicación públicos.

Pero la culpa no la tiene el sistema. O no solo. «Donde hay una ciudadanía vigilante, hay menos corrupción», afirmó Fernando Vallespín.