Jueces y fiscales, dispuestos a «internacionalizar» su situación

Así, ambos colecticos quieren iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hacer oír su posicionamiento crítico con lo que supone, a su juicio, el «mayor ataque a la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial» al debilitar el Consejo y desapoderarle de competencias como la selección de los jueces o los refuerzos de los juzgados. Temen que «criterios políticos» intervengan en la decisión del Gobierno sobre reforzar o no los órganos que instruyen causas de corrupción.

A la vista de la «indiferencia» que han recibido a sus demandas, pese a que Gallardón mostró ayer su disposición a hacerles partícipes de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), los jueces discutirán nuevas medidas de protesta -entre las que no descartan otra huelga- y trasladarán su preocupación sobre la independencia del Poder Judicial más allá de las fronteras españolas. El portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, aseguró en declaraciones a ABC que los niveles de «democracia e independencia del Poder Judicial en España» son más bajos que los del resto de países europeos.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, abogó por que todos los vocales sigan ejerciendo su cargo «a tiempo completo y sin simultanearlo» con sus funciones jurisdiccionales o el ejercicio de su profesión. Defienden la elección de 12 vocales por los jueces, aunque no se muestran cerrados a este respecto siempre que la designación parlamentaria mantenga «una participación proporcionada» de las asociaciones. «El movimiento asociativo es importante porque es el interlocutor válido del Poder Ejecutivo», recalcó Armengol.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales abordaron con Gallardón sus proyectos legislativos y exigieron una mayor inversión pública en materia de Justicia, la derogación de las nuevas tasas o la reforma de la Ley del Indulto. Unas demandas planteadas en medio de «un diálogo amable y sin rencores retrospectivos» -en palabras del ministro- pero que no han encontrado ningún tipo de compromiso. Así lo han explicado los interlocutores a su salida del encuentro cuando han agradecido la invitación, aunque han valorado que la reunión «no puede ser positiva porque el ministro no se ha comprometido a asumir ni una sola reivindicación», informa Ep.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, lamenta la negativa del ministro a dar marcha atrás en la ley de tasas o en la ley que suprime los 1.200 jueces sustitutos, mientras que el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha criticado la «politización interesada» dirigida a impedir que los jueces «controlen la actividad política por vía de delitos de corrupción o cohecho».