El juez quiere pedir a la justicia valenciana la imputación de Barberá y Camps en el «caso Nóos»

Según han desvelado diversas fuentes del caso, tanto el magistrado como el fiscal Pedro Horrach creen que hay indicios suficientes para imputar a todos ellos por los cuatro contratos a dedo a Iñaki Urdangarín y a su instituto Nóos entre 2004 y 2006, que supusieron a las arcas públicas 695.403 euros.

El magistrado ha tomado esta decisión después de escuchar el pasado febrero las declaraciones del propio Duque de Palma y de su exsocio, Diego Torres. Ambos confirmaron de viva voz que tanto los Valencia Summits como la idea de realizar unos Juegos Europeos surgió después de una o varias entrevistas con Camps y Barberá. A pesar de que Rita Barberá ha venido insistiendo en las últimas semanas que ella no firmó nada, Anticorrupción cree la adjudicación directa a Nóos de esos eventos saltándose todas las normas de contratación pública solo pudo ser posible por la intervención directa de esos dos mandatarios.

Castro, en el extensísimo auto del pasado 30 de enero en el que aceptaba la fianza civil de 8,2 millones contra Urdangarin y Torres, ya adelantó que los convenios firmados por el Gobierno valenciano con Nóos «no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarín».

Tanto Barberá como Camps son diputados autonómicos y gozan de aforamiento, por lo que el juzgado de Instrucción tres de Palma de Mallorca no puede imputarles. Una vez que se inhiba de esa parte del sumario Nóos, será el Superior de Valencia el que, a la vista de los datos que le aporte el juzgado mallorquín, decida si sienta en el banquillo a la alcaldesa y al expresidente, junto a Urdangarín y Torres, que se verían en el banquillo por segunda vez tras pasar por la Audiencia Provincial de Palma.

Precisamente, en las próximas semanas Castro y Horrach se van a desplazar a Madrid para interrogar, como testigo, a un personaje clave en una de esas adjudicaciones bajo sospecha: el estudio sobre la posibilidad de unos Juegos Europeos, que jamás se realizaron, en la capital del Turia, por el que Nóos se hizo con 382.203 euros, a cambio de nada. Se trata del actual vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Hoy, Anticorrupción pidió finalmente que se tome declaración al entonces consejero, quien firmó de su puño y letra el convenio por el que la Generalitat valenciana se comprometía a pagar a Iñaki Urdangarin cinco millones de euros públicos si conseguía que Valencia albergase los Juegos Olímpicos Europeos. Este documento data del 23 de diciembre de 2005.

También como testigo y en esa misma tanda de interrogatorios en Madrid, comparecerá José Manuel Romero, conde de Fontao y asesor legal de la Casa del Rey, que supuestamente fue enviado para advertir a Urdangarin de que debía abandonar Nóos y romper con su antiguo socio. Fontao, cuya citación también pidió hoy Anticorrupción, deberá explicar cuál fue su papel exacto en la constitución de la Fundación Cultura Deporte e Integración Social, la institución 'sucedánea' de Nóos, que el duque y Torres siguieron usando para sus negocios particulares y que sirvió de plataforma para la evasión a paraísos fiscales.