El precio de ser un diputado díscolo
Panorámica del Congreso de los Diputados, en Madrid - jaime garcia

El precio de ser un diputado díscolo

Los grupos parlamentarios, que no los partidos, imponen las multas de los que se saltan la disciplina de voto, los plenos o, últimamente, las reglas del decoro

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Desobedecer las directrices del grupo a la hora del voto parlamentario no sale gratis. Recientemente, el PSC castigaba con 400 euros a cinco diputados que se saltaron la orden de apretar el botón «no» a la declaración soberanista de CiU y ERC y prefirieron abstenerse. No son los primeros díscolos que tienen que pasar por caja. En pleno fragor por la legalización del matrimonio homosexual, famosa fue la rebelión de Celia Villalobos en favor de esas bodas o en relación al aborto, en contra de las posiciones del PP, lo que al final le costó un puñado de euros que se cifró en 300, aunque el partido nunca lo confirmó. En las filas del PSOE, el levantisco más reincidente ha sido en los últimos tiempos quien fuera su diputado y antes secretario general de CC.OO, Antonio Gutiérrez, que se opuso a la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero, a la restitución del patrimonio incautado a UGT y a la modificación constitucional de 2011. Lo último le salió por 600 euros, el máximo previsto en estos casos por los socialistas en el Congreso, los únicos que tienen una «tabla de precios» fija y escrita para sancionar a los que rompen la disciplina, y además desde 1994.

Las multas pecuniarias son excepcionales y no las ponen los partidos, sino los Grupos parlamentarios, y más específicamente los grandes, que es donde se producen casi en exclusiva los comportamientos que luego pueden desembocar en correctivos internos: las insumisiones al votar, las ausencias no autorizadas y últimamente, lo de dar una imagen penosa en horas de trabajo. Ese fue el caso de los dos diputados de la Asamblea de Madrid que fueron sancionados con 300 euros por jugar con su tableta cuando se votaba la privatización sanitaria, o más concretamente por ser fotografiados. Porque el uso y abuso en los hemiciclos de móviles, Ipads y otros entretenimientos -esta semana se grabó a un viceconsejero melillense haciendo un barquito de papel durante un discurso sobre la pobreza- está a la orden del día y los castigos por tanta distracción no.

En Grupos parlamentarios más reducidos, si hay disensiones se debaten y se llega a acuerdos antes de votar, señalan en IU, y lejos de absentismo, se produce todo lo contrario, porque cada miembro tiene responsabilidades en cuatro o cinco comisiones. «No hemos tenido una falta de asistencia en veinte años que no estuviera autorizada», afirma el jefe de prensa de la coalición. UpyD no contempla multas en el sentido de los casos descritos, ni ha tenido oportunidad todavía de pensar en ello por falta de conflictos. Otra cosa fueron las infracciones cometidas «por tres o cuatro concejales» que al inicio de la legislatura no respetaron las directrices en la constitución de Ayuntamientos y que fueron expulsados, pero no con arreglo a medidas de control disciplinario de ámbito parlamento, sino de las previsiones estatutarias que este partido, como los demás, tiene establecidas y que no son objeto de este reportaje.

Sin nombres y sin detalles

Tanto PP como PSOE son reacios a dar detalles sobre a cuántos, cuando y por qué han multado a sus Señorías, -particularmente, en lo que atañe al absentismo- o a contar a qué se destina ese dinero.

En la bancada popular, se felicitan de que los correctivos son «muy pocos... los diputados son muy disciplinados, afortunadamente» y de que «las cantidades se recaudan siempre, no se dejan pasar, y se van guardando en la cuenta del Grupo», aunque «no se ha decidido qué hacer con ello», asegura su secretario general en el Parlamento, José Antonio Bermúdez de Castro, que es el que aplica y sanciona según un reglamento consuetudinario, no escrito. Y quien rehúsa expresamente por adelantado hablar de nombres o casos precisos.

Desde las filas socialistas han respondido a ABC por escrito, sin especificar tampoco el volumen de incidencias de estas características que abordan, ni a qué dedican las cantidades que pagan los afectados, pero tampoco quien compone el Comité de Disciplina encargado de imponerlas. «Es toda la información que podemos dar», argumenta vía mail la jefa de prensa del PSOE parlamentario, Eva María Cuesta.

Lo que sí traslada el principal grupo de la oposición es su régimen sancionador, que vale para los suyos en el Congreso, el senado y el Parlamento Europeo: advertencia por escrito en caso de ausencia a Plenos y a reuniones internas; 200 euros por ausencia no autorizada a votaciones en ponencia o comisión, 400 si se trata de votaciones en pleno y 600 si esas mismas votaciones requieren mayoría cualificada o revisten «singular importancia», que había sido previamente advertida. Idénticas cifras sirven para el supuesto de «emisión de voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, esto es, romper la disciplina de voto. Al igual que en el PP, siempre hay posibilidad de recurrir de acuerdo a un procedimiento exacto que permite al afectado defenderse.

La propia Constitución reconoce expresamente que diputados y senadores, «no estarán ligados por mandato imperativo» y, en artículo aparte, que su voto es «personal e indelegable». No obstante, existe jurisprudencia que vincula a cada uno de ellos al respeto a programa político, que sería común al Grupo, y en es en esa dirección como se justifican buena parte de las multas. Sin ir más lejos, el PP sancionó a Villalobos como se ha mencionado al inicio por respaldar aspectos contrarios al compromiso electoral con el que su partido había concurrido a las urnas y, salvando las distancias, el PSC imponía el pasado mes castigo económico a sus diputados habida cuenta de que se presentaron con un programa electoral que defendía en Cataluña una consulta legal y acordada, algo que no cumple la declaración soberanista de CiU, ERC e ICV-EUiA ante la que se abstuvieron.

El «espectáculo» del PSC

Frente a ese episodio concreto ocurrido en el Parlamento catalán el 23 de enero, el secretario del Grupo Parlamentario Popular reconoce que no es su papel analizar asuntos internos de otros, pero que «probablemente, nuestra respuesta hubiera sido más severa». Bermúdez de Castro subraya que a la hora de una multa, y puesto que no tienen reglas fijas, se pondera «la trascendencia de la votación, la repercusión del hecho y la propia trayectoria del diputado», aunque a renglón seguido rehúsa tajantemente comentar «nombres ni casos» concretos.

En escrito remitido a este diario por el PSOE solo se dice que «el control disciplinario vela por la fidelidad de la posición política del grupo y el régimen de votaciones», y no ha sido posible hacer mayor consulta al respecto a ninguno de sus responsables, entre las que figurarían las relativas a qué razonamientos llevaron en su día a multar a Antonio Gutiérrez cuando se le sancionó por votar oponerse a una reforma constitucional que en ese momento quería su Grupo, pero que nunca estuvo prevista en el programa electoral.

En UPyD no tienen duda respecto a cual sería su planteamiento ante un supuesto similar al sucedido en el PSC. «Un partido no puede permitirse un espectáculo de esas características, decir a los ciudadanos que no sabe lo que piensa en una cuestión tan grave (como la independencia de Cataluña) », exponía a ABC Elvira García Piñeiro, miembro de la Dirección y responsable de asuntos jurídicos de la formación magenta.«Ante una votación francamente contraria a un principio fundamental del partido, sobre los que las directrices son muy claras, no dudamos en aplicar la literatura de los estatutos y la expulsión, dependiendo de la gravedad», añadía, en un recordatorio de que la máxima que inspira a su partido es «la regeneración democrática» y que sus representantes públicos son «la cara» de esa exigencia ante los ciudadanos.