Así sería un país gobernado por Podemos

Entre sus propuestas, las que quizás hayan llamado más la atención de los electores, promesas como la de instar la reducción de los sueldos de los eurodiputados -los cinco diputados de Podemos no cobrarán más de tres veces el salario mínimo, 1.930 euros- o la de renunciar a viajar a Estrasburgo en primera clase. Los diputados, pero sí la formación política, que se quedaría con el resto de los ingresos obtenidos gracias a su presencia en Europa.

Pero su programa electoral, de 36 páginas, contiene otras muchas propuestas, que afectarían, de llevarse a la práctica, no solo a la institución europea, sino también a la propia vida de los españoles . Ahora tienen representación en el Parlamento Europeo, pero ¿qué pasaría si «Podemos» llegase a gobernar en España?

La participación directa de los ciudadanos es una de las propuestas de esta formación. Puesto en práctica incluso para la elaboración de su programa electoral. Una propuesta que llevaría a los ciudadanos-electores a pasar por las urnas cada dos por tres para dar su opinión «vinculante» sobre los temas más diversos. Una forma de gobernar que podría incluso motivar incongruencias, ya que los ciudadanos serían libres para decidir en un sentido y en el contrario en consultas sucesivas.

Se supone que para no tener que realizar un complejo sistema electoral, tal y como sucede en la actualidad cada vez que somos convocados a las urnas, «Podemos» propone hacerlo de forma telemática y mediante «otros mecanismos que aseguren la participación efectiva de los colectivos en mayores dificultades y riesgo de exclusión».

La figura del referéndum vinculante llevaría incluso a plantearse la forma de estado, o la unidad de España, ya que reconocen el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos de Europa. Si ese derecho se hace extensivo a «todos los pueblos», ¿podría darse la paradoja de que una localidad decidiese, por ejemplo, anexionarse a Alemania, y la localidad vecina se convirtiese en una república independiente?. Es una pregunta que el programa electoral de «Podemos» no resuelve, pero según su ideario, podría llegarse a producir. «Reconocimiento del derecho de los distintos pueblos de Europa a constituirse como tales y decidir democráticamente su futuro», es uno de los puntos de su programa.

Entre las medidas de esta formación en materia de vivienda se pueden enumerar unas cuantas relacionadas con los desahucios y las hipotecas. Sin duda muchos votantes han acudido con la papeleta de esta formación a la urna descontentos por los posibles «abusos» , por la depreciación de la vivienda, y por la posibilidad de quedarse «en la calle» al no poder hacer frente a las letras de la hipoteca.

Pero la intención de «Podemos» va más allá de defender a quienes no tienen vivienda o están en riesgo de perderla. También proponen la «expropiación» de las viviendas que lleven vacías más de un año.

Habla este partido de paralizar de forma inmediata todos los desahucios de primeras viviendas y de locales de pequeños empresarios, o de la incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles vacíos no ofrecidos en alquiler social.

Pero también de la despenalización de la ocupación por parte de familias o personas en situación de vulnerabilidad o sin techo de viviendas vacías, con lo que, si uno es propietario de un piso, este está vacío durante un año, y no es capaz de venderlo o alquilarlo por los motivos que sean, cualquier familia con necesidad está en su derecho de «dar una patada en la puerta» y quedarse con el inmueble.

Se puede decir que en materia de vivienda proponen una «democracia directa» pero vigilada, porque estarían bajo el punto de mira del gobierno-asamblea todos los propietarios. La vigilancia incluye, según su programa la actualización de los padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad «para conocer el uso de las viviendas y para crear un Registro de Viviendas Desocupadas». Osea, que si tengo una vivienda en propiedad, el Estado me vigilará para saber a qué la destino, si la uso o no.

La expropiación con objetivos comunales se haría extensivo también al rural. Textualmente su programa electoral contempla la creación de «un banco público de terrenos agrícolas actualmente en desuso y de los procedentes de la expropiación de las grandes fincas que deberán pasar a gestión comunal».

¿Se acabarían también las empresas privadas?. Pues en algunos sectores sí, provocando como efecto secundario la descapitalización del país por parte de las grandes empresas. Entre otros sectores, proponen recuperar el control público en los sectores estratégicos de la economía, como «telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo».

En otros sectores, la empresa privada también estará bajo la lupa de la «asamblea ciudadana», ya que proponen que «toda privatización debe hacerse mediante referéndum».

Podría llegar incluso a significar la propia desaparición de las empresas privadas, ya que contemplan «incrementar la democracia económica facilitando la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y, por lo tanto, en la gestión de las mismas, con pleno acceso a la información relevante y la contabilidad. es decir, el empresario pone el dinero, pero es el trabajador el que lo gestiona.

Temas sensibles como el de la interrupción del embarazo o la eutanasia también han sido incluidos en su propuesta de gobierno. Y en este sentido proponen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura , libre y gratuita, dentro de la red pública. Garantizan también el derecho a una muerte digna, sin «el encarnizamiento terapéutico actual que sufren muchos pacientes».

En materia sanitaria contemplan asimismo el acceso garantizado de todas las personas a una educación sexual, a métodos anticonceptivos seguros y a las técnicas de reproducción asistida en el sistema público de salud, independientemente de su condición civil, su orientación sexual o su identidad de género.

Y también se aprobarían medidas legislativas «conducentes a asegurar la laicidad y una verdadera separación Iglesia-Estado . Esto incluye la eliminación de «los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así como de los privilegios que se le conceden en materia educativa».

Así llegamos al apartado de la educación, donde, en vista de su propuesta, se podría acabar la libertad de elección por parte de los padres del tipo de educación que van a recibir sus hijos. Así, proponen la eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, «destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos».

Para «Podemos» el terrorismo parece ser una forma de «libertad de expresión», según se puede leer en su programa electoral. En esta materia proponen el fin de «las políticas anti terroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las personas».

Y en materia de inmigración, apuestan por un «papeles para todos» y la práctica desaparición de los controles fronterizos . Esta situación se produciría mediante la prohibición de los CIES, anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR, o el fin de la llamada «Directiva de la vergüenza», dicen textualmente en su programa.

Contempla la eliminación de las vallas fronterizas anti-persona, el fin de «la política de externalización de fronteras y fin de los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes».

Con ello quieren garantizar a las «personas indocumentadas los permisos temporales de residencia necesarios», hasta resolver administrativamente su estatus jurídico.

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