IU, dispuesta a apoyar la huelga general

Izquierda Unida no respaldará la reforma laboral al entender que supone, entre otras cosas, una pérdida de la protección sindical, un claro abaratamiento del despido y un ataque a la negociación colectiva. José Antonio García Rubio, responsable de Economía de IU, ha convenido en que la reforma que debe emprenderse no es laboral sino empresarial, porque "el empresario español no puede ser el modelo Díaz Ferrán", presidente de la CEOE y propietario de empresas con graves problemas de solvencia como Air Comet o Marsans. Para el dirigente de IU, la reforma del Gobierno debería defender el contrato indefinido, contribuir a que las becas se conviertan en contratos con todos los derechos, acabar con los "falsos autónomos" y, sobre todo, reforzar la inspección de trabajo para garantizar que se cumplen los convenios.

Frente a esta situación IU ve necesaria una respuesta de los trabajadores al Gobierno, pero no ha apostado por convocar de forma inmediata una huelga general sin hacer antes "pedagogía" entre los ciudadanos explicando los motivos por los que secundar el paro, para evitar un resultado tan "manifiestamente mejorable" como el de la huelga de funcionarios de la pasada semana. "La huelga hay que hacerla para ganarla, no para perderla", ha aseverado.

Respecto a las fusiones de las cajas de ahorro, tanto Lara como García Rubio han coincidido en que suponen el primer paso para su privatización, y han subrayado que IU defenderá "a ultranza" el mantenimiento del empleo de los trabajadores que puedan verse afectados por las operaciones de fusión, las últimas entre Bancaja y Cajamadrid. Además, han advertido de que se está produciendo una "competencia fiscal" entre las comunidades autónomas, que están modificando los tramos del IRPF de forma distinta -en referencia, por ejemplo, a las subidas de este impuesto a las rentas más altas propuesta en Extremadura o Andalucía, ambas socialistas, "para distanciarse y que no les arrastre la caída del Gobierno".

Desde su punto de vista, decisiones así podrían suponer un grave riesgo para la vertebración del Estado y un "agravio fiscal" para los ciudadanos. García Rubio, por otro lado, ha criticado el aumento de la tarifa de la luz sin esperar a la reunión que el próximo día 17 mantendrá el Gobierno con los partidos para hablar sobre el sector, y ha subrayado que la liberalización de este mercado ni ha mejorado el servicio, ni ha supuesto un abaratamiento de precio para los consumidores.