¿Pagarán los ciudadanos la factura del rescate?

Luis de Guindos, que se esforzó por desmarcarse en todo momento de la palabra 'rescate', repitió que el mecanismo acordado para ayudar a España supone un «préstamo en condiciones muy favorables» y que «no habrá ningún tipo de condicionalidad fuera del sector financiero». «Las condiciones son para los bancos, que son quienes en última instancia reciben el capital», insistió el responsable Economía, que eludió cuantificar cuánto de los 100.000 millones que Europa pondrá a disposición de los bancos españoles se solicitarán.

Pero el ministro sí dejó caer que el apoyo financiero que recibirá el Frob procedente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del Mecanismo Europeo de Estabilidad va a ser «deuda del Estado» y los intereses derivados de su pago -el tipo de interés tampoco se conoce- harán aumentar el déficit. Y ese déficit y esa deuda habrá que pagarlos. El propio Eurogrupo avisó, en su comunicado, de que el «progreso» de España en aplicar reformas macroeconómicas «será vigilado muy de cerca y regularmente revisado en paralelo a la asistencia financiera».

La gran pregunta es ahora ¿cómo afectará al ciudadano de a pie la nueva situación en que ha entrado la economía española? Los especialistas consultados tienen claro que España ha salido algo mejor parada del proceso que sus antecesoras demandantes de ayuda (Grecia, Irlanda y Portugal), pero vaticinan que eso no frenará la cascada de ajustes en marcha.

El proceso para elaborar los presupuestos generales del Estado ya ha empezado. El Gobierno anunció el viernes que presentará antes del 30 de junio el techo de gasto, que servirá de base para elaborar las cuentas de 2013. Cuentas que tendrán que presentar después del verano y que deberán incluir partidas para amortizar parte de ese rescate.

José Manuel Pazos, socio director de Omega IGF, considera que «la economía española necesitará más ajustes estructurales sin ninguna duda». Y admite que las pensiones, las prestaciones por desempleo, los sueldos de los funcionarios y el IVA -cuya subida ya solicitó Bruselas- tienen muchas papeletas para ser objeto de nuevas reformas.

«Estoy convencido de que, con mayor o menor cuantía, todos esos aspectos volverán a ser revisados», subraya Pazos. El motivo, explica, es que «tenemos un estado de bienestar a la alemana y unos impuestos a la americana. Hay muchas cosas que tendremos que pagarlas o no tenerlas». Como contraparida, señala que los ciudadanos se beneficiarán el «bombeo» de dinero a las entidades financieras españolas. Aunque no será inmediato, pronostica que «dejará de deteriorarse el entorno adverso de acceso al crédito», lo que a medio plazo ayudará a las familias y empresas.

José Ramón Iturriaga, socio director de Abante Asesores, destaca que la fórmula adoptada debería «abrir la financiación a bancos y empresas», condición previa para que vuelvan a prestar a las pymes y ciudadanos. En ese sentido, considera que aunque «seguirán los ajustes», el contribuyente «va a pagar mucho menos que en cualquier otra modalidad de rescate», como las elegidas para salvar a otros países. «Habría sufrido más», señala, frente a un rescate acompañado de un pliego de condiciones como las impuestas a Portugal o Grecia, «que han sido tremendas».

Iturriaga reconoce que el mecanismo elegido generará «algo más de deuda», pero cree que ese alza podría verse compensada por una rebaja de los intereses de los títulos soberanos que España emitirá en adelante, fruto de una eventual bajada de la presión. «Las reacciones en los mercados deberían ser muy positivas», resaltó.

Ambos especialistas coinciden en que España ya «ha hecho mucho» en términos de reformas estructurales. Otros países como Portugal y, sobre todo, Grecia, se encontraron de bruces frente a la hecatombe financiera y con todo por hacer.