Inversores de Nueva Rumasa piden el registro de la casa Ruiz-Mateos

La petición se produce después de que el patriarca de la familia remitiera desde este domicilio cartas a los inversores, entre ellas la última en la que les anuncia que ha vendido el grupo a la empresa Back in Business, de Ángel de Cabo. El despacho de abogados, que también ha adjuntado la carta al juzgado, explica que en la propia misiva los imputados reconocen que la venta supone "un grave deterioro" para su patrimonio, ya que en ella aseguran haber realizado la venta sin contraprestación alguna, lo que, a juicio de los abogados, supone que "se están despatrimonializando" y sugiere un presunto "alzamiento de bienes".

Por este motivo, aseveran en su escrito al juzgado que José María Ruiz-Mateos, imputado y "administrador de hecho de todo el grupo", tiene toda la información de los inversores en su poder en su propio domicilio, que es a la vez sede social de algunas empresas. El hecho de que estas cartas se remitan desde esta dirección es, según Martínez-Echevarría Pérez Ferrero, un indicio de que "la dirección de todo el grupo se realiza desde este domicilio y que en él se encuentra toda la información de los afectados".

En el escrito al juzgado también se requiere que se realice un reconocimiento judicial de la página web a través de la que los nuevos compradores, Back in Business, han solicitado información a los inversores, y en la que figura el logotipo de Nueva Rumasa, "volviendo a confundir a los consumidores, inversores y querellantes de que puede ser la propia empresa la que les da una solución.

Afirman que en esta página web no se cumple "ninguno de los requisitos" previstos en la Ley de Protección de Datos, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y la Ley de Consumidores y usuarios, por lo que piden el testimonio de las autoridades competentes en protección de datos y consumidores. Solicitan, además, que se pida a las compañías gestionar esos servicios de Internet para que aporten al juzgado los datos necesarios para conocer los dueños, "masters" y propietarios de dicha página web y del correo electrónico que consta en el mismo, con el objetivo de comprobar la "autoría compartida de los hoy imputados".

El despacho que asesora a los inversores también ha solicitado al juzgado que se requiera a los imputados la fianza acordada y que con carácter urgente, si no se deposita, se realice el "embargo de bienes y derechos personales por las cuantías acordadas.

Ayer, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, Pablo Ruz, elevó de trece a 30 millones la fianza que deberá depositar la familia Ruiz-Mateos para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que les exigen los inversores en pagarés que se han personado en las actuaciones penales contra ellos, y que rondan ya los 300.