España sufrirá en 2012 el mayor ajuste de la democracia

La comparecencia de Montoro disgustó a los empresarios, que pagarán por culpa de los cambios introducidos en el impuesto de Sociedades gran parte del ajuste a acometer por la vía de los ingresos. Pero a la vez disipó algunos de los espectros que más habían asustado a los ciudadanos en los últimos meses, sobre todo la posibilidad de que el Gobierno aprobara otra subida del IVA, que mermaría aún más el poder adquisitivo de los salarios y asestaría el golpe definitivo al consumo de los hogares.

Ahora toca ajustar y hay que hacerlo a lo grande. La meta es reducir el déficit público actual desde el 8,51% del PIB registrado al cierre de 2011 hasta el 5,3% a finales de este año. Un esfuerzo total que Montoro cifró en 27.300 millones de euros y que se comprometió a realizar sin tocar las partidas que considera "prioritarias" como el gasto en pensiones o en prestaciones por desempleo. Con 5,3 millones de parados, hacerlo sería una bomba de relojería.

Eso sí, el Gobierno ya impuso casi la mitad del sacrificio a finales del año pasado, cuando subió el IRPF y aprobó un acuerdo de no disponibilidad, decisiones que derivaron en un ajuste de 15.000 millones. También ha congelado el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional. Este viernes les tocó el turno al gasto corriente y a la inversión.

La austeridad del Gobierno del Partido Popular se sustancia en unas cuentas que deben servir para recortar 2,5 puntos de PIB. De ellos, 0,8 corresponden a incrementos de ingresos y 1,7 puntos a reducciones de gastos. A esa política de recortes no escapan ni siquiera los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (sufrirá un tijeretazo del 13,7% y la desaparición de la partida de 283 millones destinada a las comunidades autónomas para pagar la atención a los dependientes) y de Educación, Cultura y Deporte, cuyo presupuesto menguará en 830 millones (un 21,2%) este año. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que no reducirá los fondos destinados a becas.

Con mucho, el mayor recorte presupuestario lo sufrirá el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que verá reducidas sus partidas en un 54,4%. El grueso de la contracción consistirá en una reducción de 594 millones en las transferencias destinadas a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo; otros 125 millones serán sustraídos del Fondo del Agua y otros 670 millones 'desaparecen' del Fondo para la Promoción del Desarrollo.

El recorte será del 7,4% en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, responsable de partidas tan sensibles como el pago de las prestaciones a los parados y las pensiones. No obstante, el huracán de la austeridad barrerá a su paso por el departamento que dirige Fátima Báñez todos los fondos destinados a políticas activas de empleo (1.557 millones), es decir, a fomentar la formación y recolocación de los parados. También se 'evaporan' los 67 millones que hasta ahora destinaba el Estado al Fondo de Integración de Inmigrantes.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas verá recortados sus fondos un 22,9%, que afectará a las partidas para la adquisición de acciones y participaciones en sociedades estatales (se reducen en 254 millones) y a las transferencias a empresas de promoción económica (51 millones). En Fomento, departamento responsable de la inversión, la caída será del 34,6%, con una reducción global de 144 millones de euros en inversiones; 360 millones menos para autopistas y habrá 322 millones menos en ayudas para el acceso a la vivienda. También se reducirán en 211 millones las aportaciones a carreteras de competencia autonómica. También se reducirán en 6,2 millones las transferencias a los sindicatos.

En Defensa, la reducción presupuestaria será del 8,8% y acarreará un descenso de 351 millones en inversiones en programas especiales de armamento. En conjunto, las inversiones reales caerán un 19,6%. Sólo aumentan las partidas destinadas a gastos de personal (1,3%, por el incremento de las partidas para clases pasivas) y a gastos financieros (5,3%) por el aumento de fondos para pagar los intereses de la deuda.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, resumió que se trata de un ajuste «muy severo», que «preservando derechos sociales», trata de «ser el menos perjudicial posible» para el crecimiento y el empleo.