Un 37% de los ciudadanos justifica el fraude fiscal

En la última encuesta, solo un 21% opina que las circunstancias económicas pueden llevar a incumplir los deberes fiscales "porque a veces es necesario trampear para salir adelante". En 2007, el último año de bonanza, se elevaba a un 41% la proporción de consultados que veía lógico que los contribuyentes engañaran al Fisco si se veían movidos a hacerlo por causas económicas, un porcentaje que descendió al 34% en 2009, en momentos en que la economía española se sumió en la recesión.

Ahora triunfa la idea de que se defrauda sobre todo "por falta de honradez y conciencia cívica", una causa que citan el 47% de los consultados. Puesto que la pregunta admite respuestas múltiples, también abunda la opinión de que "los actuales impuestos son excesivos" (32%) y de que "no es eficaz la lucha contra el fraude" (30%).

Si se echa la vista atrás, un 66% de los encuestados opina que el fraude fiscal ha aumentado en los diez últimos años. Eliminado el efecto de la falta de respuestas, esa proporción casi alcanza a tres de cada cuatro ciudadanos que contestan, al ascender al 72% de este colectivo, frente al 75% que representaba en 2009 con ese mismo criterio de cómputo. Y aunque continuidad de las vacas flacas mejora muy ligeramente la idea que los contribuyentes tienen de la honestidad tributaria de sus conciudadanos en el último ejercicio, las respuestas revelan que el incumplimiento no es precisamente voluntario: obedece, sobre todo, a las retenciones salariales y al control ejercido por la inspección de Hacienda.

En la nueva consulta la proporción de españoles que consideran el fraude fiscal una práctica generalizada se sitúa en el 41%.

Cuando se trata de identifica a defraudadores contumaces, a los encuestados les viene de nuevo a la mente la imagen de un empresario. Por eso, el colectivo con más menciones sigue siendo el de los emprendedores, con un 40% de citas.

Los autores advierten que, una vez más, los encuestados muestran gran imaginación a la hora de identificar a los incumplidores. Algunos hablan de los constructores, otros de las mafias, los hay que mencionan directamente a los políticos, los famosos, la banca, los funcionarios, los trabajadores de baja por enfermedad... Todos ellos aparecen agrupados en el epígrafe de "otros", que en 2010 sumó el 13% del total de citados.

A gran distancia figuran las profesiones liberales (19% de menciones, frente al 16% de la consulta anterior) y los autónomos, que bajan al 11% desde el 15% precedente. Incluso los propios "hombres de negocios" parecen dispuestos a la autocrítica, porque un 29% del grupo de empresarios entrevistados opina que es su colectivo el que más rentas oculta al Fisco.

La economía sumergida se menciona como el tipo de fraude más pernicioso para el conjunto de la sociedad, seguido del no ingreso de las retenciones practicadas por el empleador en el IRPF y de la no realización de la declaración de la renta por parte de quienes están obligados a presentarla.

Una vez más, la casi totalidad de la población encuestada (un 95%) piensa que el comportamiento defraudador tiene consecuencias negativas. Cuando los ciudadanos incumplen sus obligaciones tributarias -opinan cuatro de cada diez- faltan recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales. Y los consultados ven más necesarias que nunca estas funciones. Durante 2010, cada hogar recurrió al menos a cuatro servicios públicos, en particular a los sanitarios (93% de uso), las infraestructuras (89%) y el transporte público (80%). Entre las prestaciones sociales, es el tercer año consecutivo en el que aumenta la correspondiente al desempleo.

Aunque los consultados destacan la universalidad del acceso a los servicios sanitarios, insisten en que tienen "un amplio margen de mejora". En general, creen que la oferta pública de servicios "es poco adecuada a los impuestos que se pagan y no contribuye a la distribución de la riqueza en la sociedad". Y atribuyen la responsabilidad de unas prestaciones deficientes "a la gestión no correcta" por parte de las Administraciones Públicas. No obstante, la iniciativa privada les suscita aún mayor desconfianza: los ciudadanos encuestados rechazan su participación tanto en la gestión como en la financiación de la oferta de servicios públicos contemplados en la consulta (sanidad, educación, transporte).