El posible alivio al impuesto a la banca recrudece el choque entre Yolanda Díaz y Calviño

La vicepresidenta saliente argumentó que la situación había cambiado, así como el escenario de los tipos de interés y que desde esta perspectiva era «el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos parámetros en el escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía».

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Las manifestaciones de Calviño sugerían algún tipo de alivio no solo en el impuesto a las energéticas sino también en el gravamen a la banca una vez que las circunstancias que desde la óptica del Gobierno dispararon los beneficios de ambos sectores y justificaron el establecimiento del impuesto extraordinario habían variado.

La sugerencia no fue nada bien recibida por la segunda en el escalafón de vicepresidentas del Gobierno Sánchez, Yolanda Díaz, que aprovechó una pregunta sobre el particular en un acto público para proclamar su «total desacuerdo» con la posición de la vicepresidenta primera y reclamar el cumplimiento del acuerdo PSOE-Sumar para la investidura de Sánchez.

El tono de la respuesta de Díaz revela el momento que atraviesa su relación con la ministra de Economía. «Le diría a la señora Calviño 'pacta sunt servanda' (lo pactado, obliga) y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia al señor Sánchez, en el que de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar». Fin de la cita.

El alto voltaje de la respuesta de Yolanda Díaz debió aconsejar cautela a la vicepresidenta primera porque a primera hora de la tarde tanto desde el Ministerio de Economía como desde el de Hacienda se lanzó el mensaje de que el hecho de someter el impuesto a revisión no implica necesariamente que se vaya a modificar, aclarando de forma explícita desde Economía que no hay intención de modificarlo «en estos momentos».

Lo que compromete de forma literal el acuerdo entre PSOE y Sumar es que «revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del estado del bienestar».

Así figura en el documento y así lo confirmó el pasado martes la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, que ratificó que el Gobierno mantendrá ambos impuestos, aunque no sin antes someterlos a un proceso de revisión, que según las fuentes empresariales y gubernamentales consultadas irá en la línea de aligerar la carga fiscal actual que genera a las arcas públicas cerca de 3.000 millones de euros al año entre ambos gravámenes y que, por la misma regla de tres, resta a los balances de banca y empresas energéticas la misma cifra.

Los sectores afectados se han ocupado de recordárselo al Gobierno. El jueves, Petronor confirmó que ha dejado en 'stand by' una inversión de 200 millones para instalar un electrolizador de 100 MW en una refinería de Vizcaya hasta contar con condiciones «estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos», en clara referencia al impuesto. Y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, admitió que la compañía estaba explorando alternativas ante la eventualidad de que no encontraran esas condiciones en España.

Los mensajes desde el sector energético han hecho mella en el Gobierno, que embarcado en un multimillonario proyecto con fondos europeos para acelerar las inversiones vinculadas a la transición energética, teme perder el apoyo inversor de la industria para lograr este objetivo.

El presidente del Gobierno avanzó que habrá un replanteamiento del impuesto y los comentarios realizados al respecto tanto por la ministra de Transición Energética como por la de Hacienda apuntan a rescatar la desgravación fiscal sobre las inversiones en instalaciones o sistemas de energías limpias que PSOE y Unidas Podemos rechazaron hace apenas un año en la tramitación parlamentaria de la ley.

La banca, por su parte, mantiene su pesimismo respecto a un posible alivio en el impuesto al sector. Por una parte, señalan que las sensibilidades son demasiado diversas en el seno del Consejo de Ministros como para echar una mano a un sector como el bancario; por otra, que quien ha levantado este debate, aunque matices, ha sido una Nadia Calviño que está de salida del Gobierno y quien consideran que ya se ha puesto el sombrero de presidenta del BEI.

Aun así, eso no evita que las entidades insistan en lo «injusto» de este gravamen. Ahora, además, se han cargado con más argumentos al disponer de un reciente informe de la Autoridad Bancaria Europea que señala que los beneficios de las subidas de tipos -el argumento que usó el Gobierno- se estarían ya esfumando.