Podemos aprovecha un resquicio legal para tratar de ascender por la vía rápida y sin examen a 7.500 técnicos de Hacienda

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Bruno Pérez

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Podemos ha presentado una enmienda a esa disposición adicional que plantea la supresión del actual cuerpo de técnicos de Hacienda y la creación de un nuevo cuerpo superior de técnicos del Ministerio de Hacienda, de auditoría y contabilidad y de gestión catastral, con rango de niveles A1 y A2, es decir, incardinado dentro de la escala directiva de la Administración, aprovechando ese margen de maniobra de seis meses para reorganizar la plantilla del Estado sin habilitación legal alguna.

El movimiento abriría la puerta para que alrededor de 7.500 técnicos de Hacienda adquirieran la condición de funcionarios de cuerpo superior sin necesidad de superar la exigente oposición que hoy en día es necesaria para alcanzar ese nivel en la Administración, en el que están los inspectores de Hacienda del Estado.

Esa promoción es unavieja aspiración del sindicato Gestha, el más representativo del cuerpo de técnicos de Hacienda, que argumenta que los técnicos desempeñan de facto funciones equiparables a las de los inspectores de Hacienda y que esa cercanía funcional debería tener un reconocimiento dentro de las escalas de la Administración.

La reivindicación del colectivo alcanzó desde el principio eco en Unidas Podemos que en diversas ocasiones ha intentado mediante enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado habilitar la reconfiguración del colectivo como cuerpo superior de la Administración del Estado.

El apoyo que ha encontrado en Unidas Podemos ha sido igual de firme que el rechazo que el movimiento genera entre los cuerpos superiores y singularmente entre la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que desde el principio interpretó esa disposición adicional séptima como una puerta abierta para realizar este movimiento que ahora quiere concretar Unidas Podemos y que según los inspectores puede derivar en una politización de la administración tributaria del Estado.

De hecho, enmiendas de Ciudadanos y otros grupos parlamentarios plantean suprimir esa disposición adicional séptima, que permite al Gobierno eludir durante seis meses la obligación de sostener con una norma cualquier creación o eliminación de cuerpos de funcionarios.

Más allá de esta enmienda, que promete reabrir la pelea interna entre los cuerpos de inspectores de Hacienda y técnicos de Hacienda del Estado, PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda para añadir un poco de transparencia al proceso de nombramiento de cargos de confianza, de forma que pueda seguir nombrándose mediante libre designación pero que al menos tengan que ser objeto de una convocatoria pública a la que se puedan presentar libremente todos aquellos que cumplan los requisitos para ocupar el puesto que se pretende ocupar.